A colación de la noticia aparecida en El País el 11 de enero de 2012, en la que el Gobierno de Canarias ha de indemnizar con más de medio millón de euros a una mujer embarazada cuyo bebé padecerá de por vida secuelas cerebrales, al ser derivada a Hospiten Tamaragua y ser atendida en condiciones paupérrimas en el año 2006 (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/10/actualidad/1326196362_248717.html), el Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC), quiere hacer las siguientes consideraciones:

-    Esta negligencia es fruto del desmantelamiento progresivo que desde hace años, los sucesivos gobiernos autonómicos formados por Coalición Canaria y Partido Popular y la oposición complaciente del PSOE, han hecho de la sanidad pública en Canarias, beneficiando como siempre a las clases más altas y, en este caso, al mercader de la salud, Celestino Cobiella.

-    El continuado cierre de plantas en los pocos hospitales públicos, con la consiguiente masificación de los mismos es un acicate para el traslado de enfermos a centros privados, lucrándose los de siempre. Se roba salud a los trabajadores para beneficiar al empresario.

-    Errores como este, podían haber sido paliados con la construcción de un hospital público en el norte de la isla y de otro en el sur, como se lleva demandando desde hace más de 10 años por gran parte de la sociedad tinerfeña y mayoritariamente, por los habitantes del norte y sur de la isla.

-    Denunciamos también el uso degradante que se hace de los bienes de la sanidad pública por parte de la clase política canaria.

-    Este tipo de desmanes tienen como consecuencia que sea el pueblo quien pague la negligencia de “nuestros” políticos, mientras ellos no acatan responsabilidades.

-    Desde el PCPC, exigimos que se deje de recortar en servicios tan básicos y elementales para el ser humano como la sanidad y la educación.

-    Además, pedimos la restitución de lo ya recortado y que sean los gastos en protocolo, los sueldos de los dirigentes políticos o las rentas más altas, los que se vean afectados por esos recortes, y no la salud del pueblo.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2012.