Libertad sin cargos para los cinco mineros de Cerredo.

El 21 de enero EL JUZGADO Nº 3 de Oviedo, condenó a cinco mineros a dos años y medio de prisión por atentado contra la autoridad, a diez meses de multa por un delito de daños y a doce meses de localización permanente por un delito de faltas. Los hechos por los cuales han sido condenados se produjeron durante el 2012, después de las importantes movilizaciones que protagonizaron los mineros de las cuencas asturianas y leonesas, y que recogió la solidaridad y admiración de los trabajadores en todos los territorios del Estado.


 Es en este contexto cuando tres mineros quedan enterrados en el pozo de Cerredo, de cuya explotación se encarga UMINSA, empresa de la cual es propietario el explotador Victorino Alonso. Pronto corre la noticia por la localidad y los vecinos y familiares se concentran en la explotación para recibir noticias y ayudar en lo que fuera necesario. Se empiezan a conocer detalles de la situación de los mineros, tales como que llevan horas enterrados sin que el ingeniero Raúl, que es quien denuncia a los cinco mineros, haya avisado a las asistencias sanitarias, se conoce que este lacayo de Victorino ordenó el uso de dinamita a un minero que ni tan siquiera era artillero, orden que los mineros se negaron a cumplir para evitar que sus compañeros se quedasen enterrados para siempre. En la medida que esto se va conociendo entre los compañeros, los familiares y los vecinos de Cerredo la indignación crece hasta convertirse  en rabia incontenible tras ver como el lacayo de Victorino Alonso, se niega a que los mineros una vez rescatados sean conducidos por la ambulancia al centro médico y los mete el en su propio coche. El coche es interceptado por la multitud, resultando el capataz con algunas lesiones producto del enfrentamiento con los compañeros de los mineros, enfrentamiento que es detenido por la intervención de la Guardia Civil.


Estos son los hechos por los cuales se condena a estos cinco mineros a dos años y medio de cárcel. Pero al margen de la desproporción de la condena, es necesario señalar que la propia sentencia contradice las declaraciones hechas por los agentes de la Guardia Civil que afirman que en ningún momento hubo ninguna violencia sobre los agentes de la autoridad. Es evidente que la sentencia no se sostiene y de ella la clase obrera debe sacar una conclusión clara:  no hay justicia para los trabajadores bajo el capitalismo, la justicia burguesa juega el papel de preservar la posición dominante  de la oligarquía.


Por ello, desde el Partido Comunista de los Pueblos de España llamamos al conjunto de los trabajadores de todo el Estado a activar la solidaridad con estos cinco compañeros, llamamos a todos los trabajadores a ejercer la mayor presión para que estos compañeros sean absueltos en el recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, llamamos a todos los trabajadores a luchar por la libertad de estos cinco compañeros y evitar que sean encerrados en las cloacas del Estado.


¡QUE VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!