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30 de Octubre 2018

Alcoa no se cierra

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La multinacional norteamericana Alcoa anunció el cierre de dos de sus tres factorías que mantiene abiertas en el estado español, afectando el despido colectivo a la totalidad de la plantilla de A Coruña y Avilés que asciende a casi 700 trabajadores.
 
Alcoa se hizo con la empresa pública Inespal hace veinte años cuando gobernaba el PP que siguió la línea de desmantelamiento industrial que comenzó el PSOE tras llegar al poder en 1982 y aplicar las políticas económicas e industriales que exigía el capital para la entrada del estado español en la entonces denominada Comunidad Económica Europea. La decisión de cierre de las plantas de A Coruña y Alicante viene tras desprenderse de las plantas de Amorebieta (Bizkaia) y Alicante hace dos años. Ahora Alcoa aduce para justificar su decisión, entre otros motivos, a la pérdida de rentabilidad de las plantas que ahora pretende cerrar y al coste de la energía. Lo cierto es que Alcoa declaró en el segundo semestre de 2018 unos beneficios antes de impuestos de 450 millones de dólares y que hasta el año 2013 se benefició de un precio muy ventajoso en la electricidad.
 
En un escenario de capitalismo salvaje en el que estamos inmersos la decisión de Alcoa responde a razones de “mercado” y es ilusorio pensar que la solución a este problema vendrá con la venta de estas factorías a otras empresas, que aplicarán en el futuro la misma lógica del mercado que se aplica ahora, o con un cambio de criterio de la multinacional. Otra de las razones que se han esgrimido para el cierre de las factorías de A Coruña y Avilés son los problemas estructurales productivos y tecnológicos de las mismas y estos problemas, si existen, viene derivados de la ausencia de un plan de inversiones que hubiese garantizado su eficacia y rentabilidad en el tiempo cuestión que en ningún momento exigió el gobierno español cuando vendió Inespal a un precio más que ventajoso en 1998. La fijación del precio de la electricidad en el mercado es un problema que seguirá afectando a las empresas y a los particulares, por lo que se hace necesario encabezar la lucha por la nacionalización del sector energético y otros sectores estratégicos de la economía. Es por lo tanto asimismo ilusorio pensar que la Unión Europea, superestructura del capitalismo y del imperialismo, va a solucionar el problema; acudir a un pirómano para apagar un incendio no es muy inteligente.
 
Para luchar contra esta decisión de cierre y las nefastas consecuencias que tendría en el empleo en las comarcas afectadas es necesario organizar la lucha obrera y actuar con unidad. Este es el objetivo prioritario; pero si lo que queremos es garantizar que estas situaciones no se produzcan en el futuro, la clase obrera -con el apoyo de los sectores populares- debemos dar un paso más y luchar por una sociedad socialista en la que la planificación rija la economía. Debemos asimismo unificar las luchas y crear un frente común contra el capitalismo y el imperialismo. Y debemos desenmascarar a aquellos dirigentes políticos locales, autonómicos o estatales que manifiestan su apoyo a la plantilla en su lucha contra el cierre enarbolando las banderas de la derecha o la socialdemocracia: quienes defienden el capitalismo, quienes aspiran a reformarlo o quienes quieren “hacerlo más amable” son cómplices de la decisión de Alcoa.
 
EL PCPE apoya las movilizaciones de la plantilla de Alcoa en su lucha por la defensa de sus puestos de trabajo y trasladamos al conjunto de la clase la necesidad de sumarse a esta lucha que es la lucha de todos.
 
¡ALCOA NO SE CIERRA!

¡NACIONALIZACIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS!

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Desde el PCPE queremos hacer llegar nuestra solidaridad con los compañeros militantes de CNT que han sido acusados y enjuiciados por el estado burgués-monárquico del capital.

Una vez más la maquinaria de represión del estado capitalista se pone en marcha con la clara intención de descabezar, desmoralizar y anular la lucha de la clase obrera.

Pablo Alberdi y Jorge Merino han sido condenados por delitos de desórdenes públicos a un año de prisión. Además, Alberdi ha sido condenado también a tres años y nueve meses de prisión por un delito de atentado. El tercer acusado Iñaki I. ha sido condenado, tras un acuerdo con la fiscalía, a seis meses por un delito de desórdenes públicos.

El delito de estos compañeros fue el de movilizarse en Logroño/ La Rioja en defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras durante la “Huelga General del 14N de 2012”. Ejercieron sus derechos de manifestación y huelga, derechos conquistados en su día tras años de lucha de la clase obrera.

El PCPE denuncia la persecución y represión de estos y otros miles de sindicalistas, obreras y obreros que están siendo procesados por los tribunales burgueses- monárquicos que, en defensa de los intereses del capital, al servicio de quienes están, han intensificado su acción represora.

Hacemos un llamamiento al conjunto de la clase obrera y los sectores populares, a la organización y movilización en defensa de los intereses propios y de los derechos políticos y sociales que van retrocediendo frente al ataque del capitalismo decadente.

Exigimos del estado burgués- monárquico la inmediata puesta en libertad de todas las personas prisioneras políticas y la paralización y sobreseimiento de todos los procesos judiciales en contra del legítimo derecho a la lucha sindical en todas sus expresiones.

HUELGA NO ES DELITO

Secretaria de Movimiento Obrero y Sindical. PCPE

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