El 27 de septiembre de 1975, la violencia del franquismo volvió a resonar en todo el mundo con el asesinato de cinco jóvenes antifascistas. Cinco jóvenes militantes de las organizaciones del FRAP y de ETA fueron torturados y fusilados tras una farsa de juicios sumarísimos llenos de irregularidades y que pretendían dotar de una apariencia de legitimidad jurídica a los asesinatos.
Estos asesinatos simbolizaron la brutalidad de un régimen genocida que, tras cuarenta años, seguía con su política de represión y exterminio de la disidencia, sin que le temblara el pulso para seguir firmando sentencias de muerte. Se trata de un régimen genocida que hoy en día siguen añorando y reivindicando sectores importantes de los aparatos del Estado actual, producto del régimen del 78 (monarquía, banqueros, empresarios, jueces, policía, políticos).
Es un deber revolucionario seguir manteniendo la memoria histórica de estos cinco luchadores antifascistas, no desde la nostalgia, sino desde las luchas presentes y como símbolo de la lucha antifascista.
Las víctimas fueron:
• José Humberto Baena Alonso, militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
• José Luis Sánchez Bravo, militante del FRAP.
• Ramón García Sanz, militante del FRAP.
• Juan Paredes Manot, “Txiki”, militante de ETA.
• Ángel Otaegui, militante de ETA.
Los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 se produjeron en el contexto de un período de transformación social y política y de agonía del régimen franquista, que tenía que asegurar su continuidad en el “nuevo régimen democrático”. Había que dejarlo todo bien atado.
En este período se agudizó la represión franquista para frenar las luchas del movimiento obrero, la lucha antifascista y los movimientos vecinales y estudiantiles que se estaban desarrollando en las calles. Había que reprimir estas luchas para garantizar un modelo de transición que asegurase la continuidad del franquismo, dirigiendo el proceso de transición y colocando a sus miembros (monarquía, jueces, policías, empresarios) y legitimando la monarquía parlamentaria (diseñada por Franco) como timonel del proceso de transición. Con ello quedaban descartadas la legalidad republicana y la República como forma de Estado.
Se fue consolidando todo un proceso camaleónico para ir acomodando a las clases sociales y políticas del franquismo y, sobre todo, a los aparatos represores, para así permitir su continuidad, garantizando que los grandes capitales y fortunas permanecieran en manos de las familias del régimen, que, junto a la Iglesia católica y los aparatos represores del Estado, iban dejando todo preparado para que los “camisas viejas” dirigieran el proceso de la Transición española.
Para ello, el régimen tenía que eliminar toda oposición al desarrollo del “nuevo régimen”, encarcelando, torturando, asesinando y reprimiendo a todo lo que supusiera disidencia y ruptura con la política pactada.
Las luchas populares se agudizaban en las calles, los barrios, las fábricas y las universidades, pidiendo una ruptura con el régimen franquista frente a los que estaban pactando desde el llamado sector “reformista” del franquismo y el reformismo de la izquierda representado por las cúpulas del PCE y del PSOE. Fueron las organizaciones y partidos revolucionarios y el movimiento obrero los que luchaban por una ruptura democrática, y sus militantes fueron reprimidos sin piedad en las calles y comisarías, torturados y asesinados por las fuerzas de seguridad y las bandas fascistas orquestadas desde los aparatos del Estado (entre 1975 y 1982 fueron asesinadas más de 250 personas por las fuerzas del orden público y las bandas de extrema derecha).
Durante la Transición, las ejecuciones quedaron relegadas, en gran medida, por el llamado “pacto del olvido” y por la Ley de Amnistía de 1977. Esta ley permitió la excarcelación de presos políticos, pero también bloqueó durante décadas la investigación judicial de crímenes cometidos por funcionarios y agentes de la dictadura.
Las familias de los fusilados y distintas asociaciones memorialistas han reclamado:
• La anulación de las sentencias.
• El reconocimiento de la inocencia de las víctimas.
• La apertura de archivos.
• La investigación de las torturas y ejecuciones.
• La identificación y dignificación de los lugares de enterramiento.
• El reconocimiento público de la responsabilidad del Estado franquista.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 declaró ilegítimos los tribunales y nulas las condenas políticas de la dictadura, aunque persisten muchos obstáculos para una reparación completa y para el enjuiciamiento de los responsables. La impunidad sigue vigente. No se ha juzgado a nadie en el Estado español.
En la etapa actual del avance del fascismo, es un deber antifascista seguir exigiendo Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas del franquismo y la Transición, reconociendo la legitimidad de su lucha contra la dictadura en todas sus modalidades, incluyendo la lucha armada.
Es un deber revolucionario y antifascista organizar las luchas para combatir a un sistema capitalista fascistizado y represor. La lucha antifascista hoy en día es la lucha contra el capitalismo y por el socialismo.
Compañeros: TXIKI, OTAEGUI, SÁNCHEZ BRAVO, HUMBERTO BAENA, GARCÍA SANZ, vuestra memoria sigue presente hoy en la lucha antifascista.
Comentarios recientes