Castilla La Mancha siempre ha estado en puestos de desesperanza, tenemos una tasa de desempleo por encima de la media nacional, y datos porcentuales de abandono prematuro escolar que superan el 21%, nos otorgan un crecimiento basado en la «confianza empresarial» fundamentada en salarios bajos y despidos fáciles, la precariedad de los contratos nos sitúa en el record de los contratos de menos tiempos, a Castilla La Mancha han llegado los contratos de trabajo de 8 minutos, ante esa perspectiva siempre nos queda el turismo, fuente principal de ingresos en una región que no tiene un programa de desarrollo industrial.
La situación de la sanidad pública es noticia en las páginas de catástrofes y sucesos, sobre todo en la ciudad de Toledo, enfermos que se mueren en los pasillos esperando que les asignen una habitación, inundaciones en zonas hospitalarias, dos (de diferente nivel de importancia) en 2017, año de gran sequía.
A lo largo de nuestra historia política hemos sido espectadores del reparto de cargos bajo el absolutismo de Bono, hasta la promoción de la empresa del cónyuge de Cospedal, que paralizó en 2012 las obras del nuevo hospital de Toledo y que en 2015 fué adjudicada a un grupo de empresas del entorno familiar de la entonces presidenta de Castilla La Mancha, una obra todavía sin finalizar después de casi siete años.
En esta ocasión la organización política Podemos formará parte del gobierno del Psoe en la región, entre los acuerdos más inmediatos está la reforma en el proyecto de Ley que regirá la gestión de la Administración.
Antes de que tengamos información que nos facilite entender que significa esa reforma de Ley, dirigentes de Podemos han tomado posesión de una consejería y una vicepresidencia, este hecho, con el nuevo proyecto de ley les garantiza unas importantes mejoras en sus retribuciones una vez abandonen el cargo público, y también en sus futuras pensiones, esta mejora será aplicada a todos y todas los que han tenido un cargo en el gobierno regional y han sido funcionarios.
Esta ley tiene carácter retroactivo y se pueden acoger todos/as los/as cargos públicos que hayan regresado a sus puestos de trabajo desde la creación de la autonomía en 1983.
Desde el Partido Comunista De Los Pueblos de España (PCPE) y su Juventud Comunista (J-PCPE) en Castilla La Mancha denunciamos la política que se aplica desde los gobiernos de turno de Castilla La Mancha, política que busca el bienestar de los/las gobernantes y que ejecuta la carga de los efectos de la crisis capitalista en las espaldas de la clase obrera, que cada día se enfrenta a una situación laboral más precaria, en la que el aumento de la explotación no tiene límites.
Desde el PCPE Y J-PCPE declaramos que la llamada «política social» que supuestamente se aplicará con la incorporación de Podemos al gobierno del Psoe no tiene base económica, ya que las estructuras creadas tienen el fin de garantizar el beneficio de las empresas y sumir a la clase obrera en el abandono social y político.
Solo la lucha de la clase obrera, de los sectores populares, en los centros de trabajo, en nuestros barrios, garantizará el futuro de la población.
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA CASTILLA LA MANCHA (PCPE)
JUVENTUD COMUNISTA – CASTILLA LA MANCHA (J-PCPE)
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