El pasado 7 de diciembre se producía en el Perú un golpe de estado con un inconfundible tufo imperialista y oligárquico.
Ese mismo día la oligarquía peruana encarcelaba a su presidente Pedro Castillo, elegido democráticamente, y proclamaba a la golpista Dina Boluarte presidenta, rápidamente saludada por la embajada de EEUU en Lima.
Sincronizado con el golpe en Perú, el gobierno de España se apresuró en el reconocimiento de los golpistas. En un mes de represión, 48 personas han sido asesinadas, 387 han sido heridas y otros cientos encarcelados en las protestas que reclaman a su legítimo Presidente.
Este hecho no es ajeno a los contratos que a partir de 2023 renuevan o suspenden los convenios de explotación petrolera.
Entre las empresas que saquean recursos al pueblo de Perú está Repsol, que puede ver finalizado su convenio. Causas no le faltan porque hace exactamente un año Repsol derramó crudo, causando el peor desastre ecológico ocurrido en Lima hasta entonces, afectando a la flora y la fauna de dos espacios naturales protegidos, ocasionando la contaminación de un área de casi 1,1 millones de metros cuadrados de mar, intoxicando la pesca de la cual se alimentan muchas familias peruanas. En ese caso también el gobierno de España tuvo un perfil de intervención pública en complicidad con el desastre, ya que avaló a esta petrolera española, a través de empresas públicas de seguros, para renovar la refinería causante del desastre ecológico y humano.
Estas circunstancias, sumadas a los vertidos sin control que contaminan costas, produciendo daños en la salud del pueblo, hicieron que el gobierno de Pedro Castillo se replantease el convenio de explotación y no descartara la suspensión de sus operaciones con Repsol, que opera en una de las refinerías más importante del Perú. La presidencia de Dina Boluarte garantizaba la adjudicación de lotes de explotación en manos privadas. Así Repsol podría seguir saqueando con tranquilidad recursos naturales.
En el golpe de estado no podía faltar el elemento racista, en el que la población indígena, que ha sido despojada de los bienes naturales de sus tierras, son considerados por la oligarquía peruana ciudadanía de segunda clase.
El PCPE denuncia a los distintos sujetos que han intervenido en la intentona golpista, así como al gobierno de coalición PSOE/UP que, no representando la voluntad popular, muestra su carácter de clase al apoyar un golpe de estado y salvar a una empresa petrolera que en su día fue privatizada en el tsunami neoliberal que impulsó Felipe González, entonces presidente del gobierno.
El PCPE proclama su respeto por el pueblo del Perú que eligió democráticamente a su presidente, Pedro Castillo, quien debe ser restituido inmediatamente.
Los responsables de las matanzas deben ser juzgados y el gobierno del Perú, junto a su pueblo, debe ser libre para decidir su independencia y soberanía; también sobre sus recursos naturales.
El PCPE rechaza la utilización de recursos públicos destinados a mantener empresas como Repsol, que causan daños ecológicos y humanos en el saqueo y rapiña de los recursos de los pueblos.
Hacemos un llamado a multiplicar las acciones de repulsa al golpe en Perú en todo el Estado español y a participar activamente en las movilizaciones impulsadas por las organizaciones populares de peruanas y peruanos en el Estado.
¡Viva el digno Pueblo del Perú!
¡Viva el internacionalismo proletario!
A 15 de enero de 2023
Secretaría Antiimperialista y de Movimiento por la Paz CC del PCPE
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