El pasado 22 de octubre han sido condenados a 9 meses de prisión y a un total de 84.000 € de multa Markel, militante del PCPE y otros 18 acusados de desordenes públicos durante el desalojo y derribo de Kukutza, Centro Social Autogestionado de Rekalde.
Rekalde es un barrio de Bilbao muy conocido por su tejido asociativo, por estar aislado entre vías de tren, la autopista y el monte. También es conocido por plantar cara a un ayuntamiento que mantiene a este barrio en el olvido y donde la única equipación cultural o deportiva es la del polideportivo del fango, cuyo acceso obliga a un esfuerzo a los vecino por su lejanía, siendo prácticamente inaccesible. Es dentro de este contexto donde nace Kukutza, para dar respuesta a las necesidades del barrio. Y es dentro de este contexto donde debemos de enmarcar la defensa que este barrio ha hecho de Kukutza y la sentencia por defender una cultura popular de barrio. Esta sentencia busca, una vez más, condenar la solidaridad y la organización vecinal que deja al descubierto la mercantilización de la cultura. Es por ello que entendemos que ésta es una sentencia política.
En un momento en el que se desahucian 3 familias por día, tenemos 62.000 viviendas vacías en la Comunidad Autónoma Vasca y una ciudad como Bilbao convertida en un escaparate para turistas. El ayuntamiento olvida conscientemente a los vecinos de Bilbao, fomentando pelotazos urbanísticos como el IMQ o el proyecto zorrozaurre, que solo benefician a las grandes corporaciones.
Así mismo denunciamos que la condena se ha producido sin pruebas en firme con el único argumento de que la sola presencia en Rekalde ya supone un indicio de haber participado en los incidentes producidos en la tarde y la noche del día 23 de septiembre de 2011.
Es necesario recordar las imágenes donde la Ertzaintza entra en el ambulatorio de Rekalde para llevarse todos los partes de lesiones del día, incluidos los de personas que los necesitaban para su trabajo y sus partes de baja, e incluidos los de personas que luego tuvieron que ser trasladadas al hospital por las heridas sufridas. Con la caída del sol el día 23 se cortó el suministro eléctrico en las calles del barrio para que la policía pudiese actuar con mayor impunidad. Reventaron la persiana de un bar, arrancándola de sus guías, para sacar a 5 personas de ese bar, que estaban desayunando e imputarlas por desordenes públicos. Cargaron de manera brutal contra todas las manifestaciones, sentadas y concentraciones comunicadas de manera oficial a la Ertzaintza durante 5 días.
Fue tal el miedo que generaron en todo el barrio que los vecinos abrieron sus puertas de manera masiva a los manifestantes para protegerles de la brutalidad policial. No siendo esto suficiente, se llamó a dotaciones de la Policía Nacional del cuartel de Basauri, que custodia la cárcel, además de armar a la Policía Municipal de Bilbao con material antidisturbios, hecho insólito. Esos días, desgraciadamente, retrocedimos a la época del miedo con la policía campando a sus anchas, golpeando y apalizando a quien consideraba, amenazando y amedrentando a todo un barrio que les plantó cara dando una lección de dignidad sin igual.
El ayuntamiento de Bilbao ha apostado una y otra vez por defender los intereses de los propietarios del solar de Kukutza, Cabisa, que logró hacerse con el edificio cuando este se encontraba embargado y su anterior propietario prófugo de la justicia por narcotrafico. Una empresa de la que nadie había oído hablar en Rekalde, vinculada a la promotora Castrum Varduliex, a la que un juez de Cantabria impide la construcción de unas viviendas previstas en Castro por manipulación ilegal del proyecto de reparcelación. 4 años después del derribo, Kukutza sigue siendo un solar abandonado sin un plan concreto urbanístico.
Además de todo esto, creemos que esta sentencia no hace más que ahondar en los problemas existentes en los barrios de Bilbao, producto de una política municipal que fomenta instalaciones deportivas y culturales de pago y gestionadas por empresas privadas o participadas, que ofrece una nula oferta cultural popular, que margina y perjudica a los trabajadores y trabajadoras.
Por todo ello demandamos la total absolución de Markel y los otros 18 condenados por defender la cultura popular en los barrios.
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