Un acuerdo que llega muy tarde
El reciente acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno de coalición socialdemócrata, PSOE-UP, tomado el día 29 de marzo, y que se presenta cómo la paralización de toda la actividad del país que no sea imprescindible, es un engaño más de Pedro Sánchez y sus ministros. Es cierto que el Gobierno da un paso en esa dirección, pero la dictadura de los monopolios solo le permite al Gobierno una paralización parcial de esas actividades productivas no esenciales.
El PCPE, desde los primeros momentos en que se desató la actual crisis sanitaria, exigió como una de las medidas más urgentes para preservar la salud y la vida de la clase obrera y del pueblo el cierre inmediato de la totalidad de las actividades productivas no esenciales. Igualmente una gran variedad de organizaciones obreras y populares se ha manifestado a favor de la aplicación urgente de dicha medida.
El acuerdo del Gobierno llega tarde, y por ello, en estas dos semanas, han sido miles las personas infectadas y muchos cientos las fallecidas, que se podrían haber evitado si se hubiera tomado una decisión enérgica desde el primer momento. Pese a todas las evidencias científicas y recomendaciones de especialistas en salud pública para aplicar esta medida, el Gobierno ha tardado 14 días en torcer, parcialmente, el brazo de una patronal que, claramente, antepone sus ganancias a la salud de la clase obrera. En esos días una multitud de actividades absolutamente prescindibles socialmente, han continuado desarrollándose normalmente, siendo un canal de propagación masiva de la infección por el Coronavirus. ¿Quién pagará por esas muertes? ¿Quién pagará por las nuevas infecciones que se produzcan por actividades que se siguen manteniendo en este Acuerdo por presión de la patronal? ¿Acaso es necesario mantener abiertas las fábricas de calzado o el reparto de paquetería y comida basura a domicilio? ¿Qué justifica seguir trabajando en los peajes de las autopistas, oficinas bancarias y de seguros, o en Airbus?
Solamente es una paralización parcial de la actividad
El Gobierno anuncia una paralización del país, pero eso es cierto a medias. Las presiones de la patronal siguen decidiendo en el Consejo de Ministros, y el país seguirá trabajando. No solo para mantener los servicios sociales y sanitarios básicos, que eso no se discute, sino para garantizar la tasa de ganancia de un buen número de monopolios. Amazon, TelePizza, Glovo, Telefonica o Uber, por solo nombrar algunas de las más llamativas, pueden seguir con su actividad por encima de la tan cacareada paralización acordada.
La clase trabajadora, autónomos y la pequeña empresa soportan todos los perjuicios por estas medidas necesarias de paralización. Es a ellos y a ellas a quienes hay que destinar los recursos económicos necesarios para compensar las pérdidas que conlleva su aplicación.
Denunciamos la artimaña del “permiso retribuido recuperable”, que obligará posteriormente a realizar horas extras como si fueran ordinarias, y prolongación de jornadas, a lo que el PCPE se niega rotundamente. Por ello exigimos que el Estado asuma directamente, y sin intermediación bancaria, el salario neto de los millones de trabajadores/as que tengan que dejar de trabajar. Si hablásemos de 5 millones de puestos de trabajo afectados por esta medida, durante 15 días, con un coste medio de 1.000 €/mes por trabajador/a, el importe es de 2.500 millones de €; si se prolongara durante un mes ese importe sería de 5.000 millones de €. ¿Qué es esta cantidad frente a los más de 150.000 millones de € que, en forma de aval, se ponen a disposición de la banca y las grandes empresas, o los 60.000 millones de euros comprometidos para la compra de armamento a los EE.UU? Las medidas ante la emergencia social y laboral, han de beneficiar directamente a la gran mayoría social. Si no las aplica el Gobierno es porque su actuación sigue estando sometida a la batuta del gran capital.
Enfrentamos una emergencia sanitaria y social, y las medidas que se deben adoptar tienen que estar a la altura de las necesidades de las víctimas de esta situación, y con resultados concretos de aplicación directa. Que de ninguna manera se tengan que recuperar para beneficio de la patronal esos días perdiendo vacaciones, trabajando horas extras o alargando los ritmos de trabajo.
Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que cambie este Decreto, y que se paralice de verdad la totalidad de producción y la distribución no imprescindible en el país. Cada día que pasa sin tomar estas medidas radicales en defensa de la salud pública, son cientos de personas más las que mueren, y miles las que se acumulan en los insuficientes centros sanitarios del país.
A la clase obrera y al pueblo no le sirve un Gobierno que actúa aceptando las presiones del gran capital monopolista y financiero.
Ni queremos morir trabajando, ni queremos ser agentes de transmisión de la enfermedad a nuestras familias y a nuestro entorno social.
El PCPE hace un llamamiento a negarse a la continuación de la producción en todas las actividades que son prescindibles, a exigir su total paralización, y a que el Estado asuma el coste de los salarios mientras dure el cese de toda la actividad productiva no esencial
PAREMOS LA PRODUCCIÓN, PARA SALVAR LA VIDA Y LA SALUD DEL PUEBLO
SOLO EL PODER OBRERO Y LA SOCIEDAD SOCIALISTA NOS HARÁN LIBRES
A 29 de Marzo de 2020
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