1. REPRESIÓN A PABLO HASEL Y PROHIBICIÓN GUBERNATIVA DE MANIFESTACIÓN EN MADRID
El pasado jueves, 28 de enero, la Delegación del Gobierno de Madrid, bajo la dirección del PSOE-UP, prohibió a última hora, y de forma arbitraria, la manifestación prevista para el 30 de enero en dicha ciudad, con el recorrido entre Cibeles y Puerta del Sol, en defensa de los servicios públicos, manifestación que tiene por consigna “NOS ESTÁN MATANDO”.
Ese mismo día 28 de enero, Pablo Hasél recibió un requerimiento escrito de la Audiencia Nacional demandándole que ingrese voluntariamente en un centro penitenciario en el plazo de 10 días. El delito del rapero Hasél no es otro que denunciar públicamente hechos que son ciertos, como por ejemplo la enorme corrupción de la monarquía, y fundamentalmente Juan Carlos de Borbón, por el contenido de sus canciones, y por denunciar la naturaleza y esencia fascista del Estado español.
Contrasta la prohibición que el Gobierno del PSOE-UP a través de su Delegación del Gobierno en Madrid hace con la autorización de manifestaciones de negacionistas y de la extrema derecha, que son la misma cosa, desfilando por las calles incumpliendo las normativas sanitarias, por no hablar de la efusividad que los manifestantes fascistas expresan para con las Fuerzas y Cuerpos Represivos del Estado. El Gobierno del PSOE-PODEMOS/IU-PCE impide que el tejido asociativo y popular de Madrid salga a las calles, le niega al pueblo trabajador su supuesto derecho a manifestación en defensa de la Sanidad y los Servicios Públicos, demostrando que en este país tienen derechos los fascistas pero no la clase obrera. No hemos de olvidar que hace unos días, este gobierno de PSOE-PODEMOS/IU-PCE escribió otra página ignominiosa solicitando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que rechazase la demanda presentada por la familia de José Couso que denuncia a España de vulnerar el Convenio Europeo al archivar la Justicia española la causa penal por el asesinato del cámara.
La Judicatura, la cual continúa controlada por los mismos apellidos que lo hacían en la época franquista, cuyas estructuras son las mismas con el cambio de su denominación, como la heredera del T.O.P., hoy llamada Audiencia Nacional, que persigue a un comunista y antifascista como Hasél por denunciar lo obvio y lo evidente, la putrefacción de una monarquía que fue la fórmula empleada por el régimen franquista para garantizar que el Estado, tras la muerte del asesino Franco, mantendría su ideología fascista y, sin embargo, mira hacia otro lado ante las innumerables expresiones racistas y de odio expresadas por dirigentes de partidos fascistas, ante las loas efectuadas por amplios sectores del Ejército a la figura del dictador, por no hablar de la impunidad con las que algún alto mando del Ejército habla en términos de “asesinar a 26 millones de españoles” a la par que loan a Franco y defienden a VOX.
Ese mismo día 28 de enero, el Gobierno recibió el apoyo (en forma de abstención) de la fuerza más abiertamente fascista del Parlamento, VOX, para convalidar el Real Decreto de Medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que establece las disposiciones generales para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con los fondos europeos. Lo que en términos coloquiales son los 140.000 millones que “vendrán” de Europa, que serán repartidos entre los diferentes monopolios – Endesa, Iberdrola, Ferrovial, Inditex, etcétera – mientras será el pueblo el que pague dicha factura, pues el dinero que “viene” de Europa proviene en una gran parte en forma de créditos. A todo esto, la banca debe a los españoles unos 150.000 millones de euros que, por supuesto, no pagará.
2. EL GOBIERNO DE COALICIÓN SOCIALDEMÓCRATA NO HACE OTRA COSA QUE GESTIONAR LA ACTUAL FORMA DE LA DICTADURA DEL CAPITAL
“Tanto en política exterior como en el interior, el imperialismo tiene por igual a conculcar la democracia, tiende a la reacción. En este sentido resulta indiscutible que el imperialismo es la ‘negación’ de la democracia en general, de toda la democracia, y no solo, en modo alguno, de una de las reivindicaciones de la democracia, a saber: la autodeterminación de las naciones”. Sin duda los hechos dan la razón a Lenin y calca a la perfección en “Sobre la caricatura del marxismo y el ‘economismo imperialista’” la situación mundial y del Estado español actual. Un Estado español, que al igual que el conjunto de instrumentos desde los que la oligarquía financiera impone su dictadura a nivel planetario, es profundamente antidemocrático, anticomunista, chovinista y criminal. Hoy la dictadura de la burguesía no se expresa de la misma forma que se expresaba con el capitalismo premonopolista, ni tampoco se expresa en términos de democracia burguesa pues la propia burguesía cada vez es menor, proletarizándose a pasos agigantados la pequeña y la mediana burguesía condenadas inexorablemente a la ruina, la concentración del capital en un puñado de manos, el bloque oligárquico-burgués, es mayor y, por tanto, al desaparecer la competencia de forma acelerada y estar entronizado el capitalismo monopolista, el imperialismo, ésta concentración también tiene su reflejo en la superestructura, en la dominación política del capital financiero y su férrea dictadura de clase.
Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) denunciamos el carácter antidemocrático del Estado español y expresamos nuestra solidaridad con el rapero Pablo Hásel, del que exigimos su libertad y rechazamos la sentencia condenatoria de unos tribunales de justicia en los que el Franquismo sigue presente y al mando. Denunciamos la esencia reaccionaria y traidora del Gobierno del PSOE-UP que tolera la movilización de los fascistas y demuestra que la clase obrera no tiene derecho ni tan siquiera a movilizarse en defensa de la sanidad Pública. Tanto el PCPE como el PCOE rechazamos la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno de Madrid de prohibir arbitrariamente la manifestación convocada por 78 colectivos madrileños.
3. LA CLASE OBRERA TIENE QUE LUCHAR A DIARIO PARA DEFENDER SUS DERECHOS Y LIBERTADES
En una situación de paro creciente, de rebaja incesante de los salarios, de aumento de la pobreza (incluso infantil), al tiempo que el Gobierno PSOE-UP se somete al dictado de los monopolios, ya sea en la gestión de la Covid-19, la compra de vacunas, el gasto en armamento, la traición al pueblo saharaui, o el pago de la estafa de Castor, la clase obrera está emplazada a levantar una estrategia propia para la defensa de sus derechos y libertades. Hay que acabar con las ilusiones del gobierno socialdemócrata y llevar a la clase obrera a una posición de organización de la contraofensiva. Porque la disyuntiva es entre ellos o nosotros, entre los monopolios y el pueblo. El pueblo no tiene otra alternativa que levantarse, luchar y vencer.
Únicamente la clase obrera organizada y dirigida en un sentido revolucionario, en una dirección de superación del capitalismo en su fase actual, en su fase putrefacta o de imperialismo, con el objeto de poner todos los medios de producción y el producto del proceso de producción en manos del pueblo, es capaz de cumplir esta misión. Democratizar la economía, es decir, imponer el socialismo, es el camino para una sociedad verdaderamente democrática.
Pero para que la clase obrera cumpla con su misión histórica, para que la clase obrera se una y se organice en una dirección revolucionaria, en una dirección de ruptura con el imperialismo y la dictadura de la oligarquía financiera, es condición necesaria la unidad comunista.
En este sentido hacemos un llamamiento a toda la clase obrera a situarse a la ofensiva ante los ataques de la actual dictadura del capital y, especialmente, a todas y todos los comunistas a unirse al proceso de unidad de acción comunista iniciado por nuestros partidos para fortalecerlo y poder dirigir a la clase obrera hacia la única salida que tenemos para conquistar una vida digna: La construcción del Socialismo.
Madrid, 31 de enero de 2021
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