El martes 16 de julio la ministra Yolanda Díaz anunciaba a bombo y platillo la derogación de la “Ley Mordaza”, de la misma manera que lo hacía Enrique Santiago (secretario general del PCE y actual portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados) en el año 2021 y Pedro Sánchez prometía antes de ser presidente del Gobierno.
Nos quieren vender esta medida como si fuera un avance en el ejercicio de nuestras libertades. Sin embargo, lo que en un primer momento se anunciaba como un requisito de SUMAR para la investidura del gobierno, previsiblemente quedará únicamente en la reforma del artículo 36.23 de la Ley protección de la seguridad ciudadana. Este artículo sanciona difundir imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, artículo que ya fue matizado por el Tribunal Constitucional en el año 2021; por lo tanto, lo que se nos ha anunciado como un triunfo, se quedará en un simple retoque de una ley absolutamente represiva que, ha criminalizado la protesta y la manifestación, posibilita las sentencias de cárcel a quienes mantengan una actitud de confrontación, y ha cargado sobre las espaldas de la clase obrera miles de euros en multas1.
El resto de la ley le sigue sirviendo al gobierno más progresista de la historia. Ni hablar de las devoluciones en caliente de personas migrantes, de las multas arbitrarias y cargadas de mentiras de los cuerpos de represión del estado sin trámite judicial o de las pelotas de goma que causan estragos entre las y los manifestantes. En conclusión, las medidas represivas y la arbitrariedad seguirán vigentes.
El paquete de medidas anunciadas este 17 de julio en el Parlamento como plan de regeneración democrática, es el perfecto ejemplo del ejercicio de hipocresía y de cinismo que el gobierno del PSOE/SUMAR viene haciendo desde sus inicios: cumplir a rajatabla los mandatos de la burguesía, de la OTAN y de la UE y vender como victorias de la clase obrera los parches que no llegan ni siquiera a aliviar la situación de creciente exclusión social y pobreza en la que viven millones de trabajadoras y trabajadores.
El gobierno PSOE/SUMAR ha demostrado en la última Cumbre de la OTAN su compromiso absoluto con la guerra y el gasto militar, y, para evitar cualquier tipo de voz disidente contra el control y dominio capitalista, es necesaria la represión y el fascismo, y por ello siguen manteniendo en vigor todo un andamiaje jurídico heredero directo del franquismo, camuflado bajo la denominación de “estado de derecho”.
El ejercicio de la represión es consustancial a la naturaleza del estado, que en ningún caso es una estructura neutral y alejada del desarrollo de la lucha de clases; esa es la primera de las premisas que debemos comprender y mantener para asegurar un enfoque de clase e independiente. En el caso del estado español, la burguesía tiene unas raíces ancladas en la represión y la guerra sin cuartel contra la clase obrera de los pueblos y naciones que forman parte de éste, la llamada Transición se encargó de amnistiar al fascismo y de mantener intocables los cuerpos de represión del estado y la judicatura. Frente a la desmemoria en la que nos quieren instalar verdad, justicia y reparación: ¡Ni olvido, ni perdón!
El PCPE exige la derogación inmediata y en su totalidad de la Ley protección de la seguridad ciudadana y la depuración de los elementos fascistas de los cuerpos policiales, militares y de la judicatura.
El PCPE hace un llamamiento al conjunto de la clase obrera y de las organizaciones revolucionarias a dar un paso al frente hacia la unidad de acción para acabar con todas las medidas represivas hacia la clase obrera y los sectores populares.
¡CONTRA LA PRESIÓN DEL ESTADO BURGUÉS, NUESTRA SOLIDARIDAD DE CLASE!
Comité Ejecutivo del PCPE
17 de julio del 2024
1 Según Amnistía Internacional, desde la aprobación de la Ley en 2015 hasta diciembre de 2022, se han impuesto algo más de 291.400 sanciones con base únicamente en dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” (36.6) y “faltas de respeto a la autoridad” (37.4), suponiendo el 77% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana.
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