La salud sexual y reproductiva constituye un capítulo minusvalorado en la sanidad pública, que dedica escasísimos recursos a la atención de esta faceta de la vida de las personas. El lugar central entre los derechos reproductivos está ocupado por el aborto, decisión delicada y extrema que las mujeres no toman con frivolidad ni ligereza y que contiene enorme carga emocional y presión social.
El aborto sigue siendo ilegal en muchos países, también en el nuestro, aunque contemos con una ley de plazos ya que se mantiene en el código penal, lo que constituye una agresión a los derechos humanos de las mujeres, a su derecho a decidir sobre lo más básico, su cuerpo, y sobre lo más general, su vida. En el caso de las más jóvenes, desde el 23 de septiembre está en vigor la reforma de la Ley 2/2010 que introduce el consentimiento de los progenitores.
Se ejemplifica en la regulación del aborto las políticas represivas de gestión de la crisis. El capitalismo, este moribundo que aún no logramos enterrar, «necesita» mano de obra barata y cuerpos en los que probar sus nuevos armamentos y medicamentos. Por eso «debemos» las mujeres parir. Igual que se «debe» pagar los impuestos, ser dócil o vivir y morir sin luchar. Se plantea un mayor control ideológico patriarcal, donde la apropiación del cuerpo de las mujeres es un modo de garantizar la acumulación y el expolio a la clase obrera. El control sobre el cuerpo de las mujeres y la reproducción sigue siendo un mecanismo de control al servicio de las clases dominantes.
El aborto no es un derecho en las sociedades capitalistas. Es un negocio. La mayoría de interrupciones de embarazos (IVE) se hacen en centros privados en nuestro país, en otros, incluso aunque el aborto sea ilegal, las mujeres de alto nivel socio económico tienen a su alcance, siempre han tenido, el dinero y los médicos privados para hacerse abortos; mientras las mujeres de las capas populares deben enfrentar la decisión de llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año existen alrededor de 210 millones de abortos, de los cuales casi un 50 por ciento se realizan de forma clandestina e ilegal, cuyo resultado de muerte (evitable) es alrededor de 70.000 mujeres al año.
Parir no puede ser sino un derecho, nunca una imposición arbitraria. Que no moralicen con nuestro «deber» de parir. Nunca lo reconoceremos ni nunca aceptaremos sus hipócritas argumentos. Reivindicamos aborto gratuito y seguro, sin impedimentos ni supervisiones. Con el respeto que nuestra clase y nuestro género merecen.
La defensa del derecho al aborto libre y gratuito, en la sanidad pública y sin objeción de conciencia, constituye la verdadera garantía del respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que lo que sigue estando en juego es la libertad de las mujeres, especialmente de las trabajadoras, respecto de su cuerpo, de su maternidad y de su vida (a diferencia de las clases poseedoras, que pueden comprar esos derechos en la medicina privada y en los viajes al extranjero). Y la red sanitaria pública es la única garantía de que el derecho al aborto no se confunda con los intereses de las clínicas privadas que lo practican. El libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos debe ser garantizado socialmente.
PARIR ES UN DERECHO, NO UNA IMPOSICIÓN
POR UN ABORTO LIBRE, SEGURO Y GRATUITO
NO SOMOS APARATOS REPRODUCTIVOS AL SERVICIO DEL CAPITAL
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