Lo hacen siempre nuestros prohombres del sistema. Las grandes declaraciones, las que afectan a la economía, a la política o a la sociedad de una manera importante y determinante, tienen como tribunas públicas a los grandes eventos internacionales o a los grandes periódicos de las multinacionales de la información. Pues bien eso es lo que ha pasado con el ínclito presidente en funciones del Estado español, es decir, con Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, guía y norte de la UE y valorado miembro internacional del imperialismo, que encontrándose en la sede de las Naciones Unidas ha considerado que era el lugar mas idóneo para mostrar al mundo el resultado de los “enormes esfuerzos” realizados por su partido y su gobierno para cerrar lo que él osadamente ha descrito como el cierre del círculo democrático.
Es propio de los mercenarios del Sistema mentir, camuflar la verdad, dispersar, hasta diluir, la realidad, obviar hasta el insulto la justicia y declararse amnésico ante la reparación. Esto lo ha hecho Pedro Sánchez, el PSOE, la socialdemocracia, esa opción históricamente dedicada a engañar a la clase obrera y a los sectores populares para servir mas y mejor a los intereses del gran capital.
Es una ofensa a los republicanos asesinados y un insulto a los que defendemos los valores republicanos de clase decir que con esta esperpéntica exhumación se cierra el círculo democrático. Si esto es así, y así parece ser, estos republicanos de alma monárquica, tan condescendientes con la Iglesia, el ejercito y la oligarquía, han utilizado a la magistratura para sus descarados y descarnados fines políticos. Nos contarán todo tipo de milongas, no creemos ninguna, y nos dirán que ha sido una casualidad, que la sentencia publicitada como unánime por un órgano que previamente había paralizado de forma cautelar la exhumación prevista por el gobierno en funciones para el 10 de junio de 2019, ha sido atemporal, imparcial y justa, y señalamos nosotros, casualmente en un periodo electoral cargado de múltiples dudas.
La sentencia del Supremo sobre la exhumación del criminalísimo Franco no dice nada sobre la reparación de las víctimas, ni dice nada el salvador de la patria Pedro Sánchez sobre las sentencias del franquismo, todavía legales, ni del juicio a los criminales y torturadores del franquismo, ni de los niños robados, ni de la devolución de los bienes robados, ni del pago e indemnización por los trabajos realizados gratis por los trabajadores republicanos para las grandes empresas y empresarios del franquismo.
No aceptaremos el “cierre del círculo democrático” propuesto por el pseudopresidente del PSOE y lo único que acertamos a ver es la posible complicidad política entre los partidos del Sistema y el Tribunal Supremo, entre los partidos denominados constitucionales y los órganos emanados de su “legalidad”.
Pero la sentencia no es completa, no solo por lo anteriormente señalado, sino porque no blinda el carácter de la hipotética ruptura con el Sistema. Decir que los restos deben ser trasladados al Panteón Público de Mingorrubio -El Pardo para seguir siendo mantenida la tumba a cargo del erario público es una ofensa de la sentencia y es inadmisible que su mantenimiento no lo sea a cargo de sus familiares y seguidores. Sus ricos herederos, cuya fortuna está escasamente explicada, aunque si comprendida, deben financiar íntegramente toda la operación de traslado de la momia a un lugar que no se convierta en lugar de peregrinaje político de sus añorantes seguidores, que por lo que se está viendo, no son pocos y se encuentran en todos los partidos autodenominados constitucionalistas. Que el Tribunal Supremo haya dedicado más tiempo a atender a la familia del Dictador, para ver qué ocurre con sus huesos, que a las familias de las más de cien mil personas desaparecidas por la represión franquista explica de manera gráfica el pacto ignominioso que se firmó durante la denominada Transición, de triste memoria y olvidos cómplices.
La sentencia no nos conmueve, es interesada en todos los aspectos, y no es significativa nada mas que en el campo de la propaganda política y en el campo del oportunismo y la manipulación política. Ningún gobierno hasta hoy se ha preocupado de las víctimas de la Dictadura, ni ha rendido un homenaje a los hombres y mujeres que lucharon contra el Dictador, que se jugaron la vida, que dejaron de lado sus proyectos personales y que apostaron por defender la mas amplia democracia. Todos los gobiernos, desde la Transición, han trabajado interesadamente para mantener la ignorancia acerca del pasado reciente. En ese marco de olvido planificado, cómplice y electoralista es en el que se inserta la sentencia del Tribunal Supremo.
Desde el PCPE seguimos exigiendo una Ley de Memoria Histórica Antifascista y Republicana que acabe con la impunidad del franquismo, condenando política y jurídicamente al franquismo como un régimen ilegal y genocida. Una ley que contemple la nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 y la nulidad de los juicios sumarísimos. Una ley que parta del reconocimiento de las víctimas por parte del Estado.
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