Desde el PCPE en la Región de Murcia, ante el terrible panorama sanitario dentro de nuestra Región y las acciones e inacciones tanto del gobierno estatal como regional y la incipiente tercera ola de Coronavirus queremos denunciar que:
Las actuales cifras de infecciones son consecuencia directa de la campaña navideña, el levantamiento de medidas durante los meses de noviembre y diciembre tenían el fin de asegurar que las superficies comerciales e industrias cuya actividad se acrecienta en estas fechas consiguieran el incremento en la tasa de beneficio asociado a estas fechas. Es decir, a sabiendas de que en las fechas navideñas se producen un mayor número de aglomeraciones y reuniones, los gobiernos del Estado español y la Región de Murcia, a sabiendas de que habría un gran incremento de casos y afectados por la pandemia se plegaron a los intereses de la patronal.
Las últimas medidas del ejecutivo de López Miras que básicamente restringen toda la actividad de los y las murcianas al entorno familiar son algo totalmente insuficiente, un gesto que de nuevo deja caer exclusivamente la responsabilidad de la expansión de la pandemia en el ámbito particular, criminalizando una vez más al pueblo trabajador.
Las restricciones al sector hostelero corresponden a la tendencia monopolística del mercado, donde el gobierno regional estrangula a las empresas más pequeñas del sector en pos de una mayor concentración de capitales en grandes superficies comerciales y las casas de apuestas que siguen abiertas, aumentando los niveles de explotación e inestabilidad laboral sobre los y las trabajadoras del sector, siendo ya la hostelería murciana un pozo de precariedad y abuso de la patronal sobre la clase obrera.
La permanencia de las clases y convocatorias de exámenes presenciales en centros educativos ante la actual cifra ascendente de incidencias y la incoherencia que supone respecto a las actuales medidas y la petición de López Miras de un confinamiento domiciliario al gobierno central.
Ante esta situación, desde el PCPE exigimos:
- El refuerzo inmediato en forma de personal y suministros al Servicio Murciano de Salud, la nacionalización y paso a gestión pública de toda la sanidad privada/concertada, incluyendo las residencias de mayores. El fin de los convenios de colaboración entre entidades privadas y la sanidad pública, y la derogación de la Ley 15/1997. No más negocio con nuestra salud.
- Confinamiento de la población en base a determinado nivel de incidencia y cese de la actividad laboral no esencial para el sustento vital.
- Suspensión inmediata de las clases y convocatorias de exámenes presenciales.
- Remunicipalización y refuerzo del sistema de transporte público para garantizar unos desplazamientos seguros.
- Adopción de las medidas económicas y sociales necesarias que pongan ya en marcha de un Plan Urgente de Emergencia Social que garantice el sustento y las necesidades inmediatas del pueblo trabajador.
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