El aborto no es un derecho en las sociedades capita-listas. Es un negocio. La mayoría de interrupciones de embarazos (IVE) se hacen en centros privados en nuestro país, en otros, incluso aunque el aborto sea ilegal, las mujeres de alto nivel socio económico tienen a su alcan-ce, siempre han tenido, el dinero y los médicos privados para hacerse abortos; mientras las mujeres de las capas populares deben enfren-tar la decisión de llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal. Según datos de la Organi-zación Mundial de la Salud (OMS) las complicaciones de un aborto mal practicado constituyen una de las principales causas de muerte materna, alrededor de 70.000 mu-jeres al año.
El aborto sigue siendo ilegal en muchos países, también en el nuestro, aunque contemos con una ley de plazos ya que se man-tiene en el código penal, lo que constituye una agresión a los de-rechos humanos de las mujeres, a su derecho a decidir sobre lo más básico, su cuerpo, y sobre lo más general, su vida. En el caso de las más jóvenes, desde el año 2015 deben contar con el consenti-miento de los progenitores.
La salud sexual y reproductiva constituye un capítulo minusva-lorado en la sanidad pública, que dedica escasísimos recursos a la atención de esta faceta de la vida de las personas. Así, el precio de los anticonceptivos se aleja bastan-te de estar al alcance de las traba-jadoras y de sus hijas, la atención ginecológica ha ido desaparecien-do de las prestaciones del sistema público, o prestándose muy defi-cientemente y los derechos repro-ductivos están concebidos como un negocio en las sociedades capitalistas. El lugar central entre esos derechos está ocupado por el aborto, decisión delicada y extrema que las mujeres no toman con fri-volidad ni ligereza y que contiene enorme carga emocional y presión social.
Se ejemplifica en la regulación del aborto las políticas represivas de gestión de la crisis. El capitalismo, este moribundo que aún no logra-mos enterrar, “necesita” mano de obra barata y cuerpos en los que probar sus nuevos armamentos y medicamentos. Por eso “debe-mos” las mujeres parir. Igual que se “debe” pagar los impuestos, ser dócil o vivir y morir sin luchar. Se plan-tea un mayor control ideológico patriarcal, donde la apropiación del cuerpo de las mujeres es un modo de garantizar la acumula-ción y el expolio a la clase obre-ra. El control sobre el cuerpo de las mujeres y la reproducción sigue siendo un mecanismo de control al servicio de las clases dominantes.
El PCPE reivindica que se garanti-ce la práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo en el sis-tema sanitario público, que se garantice su carácter universal y se normalice como prestación sanita-ria para toda mujer que decida interrumpir su embarazo, independien-temente de su origen y su situación legal. La red sanitaria pública es la única garantía de que el dere-cho al aborto no se confunda con los intereses de las clínicas pri-vadas que lo practican. El libre ejercicio de los derechos sexua-les y reproductivos debe ser garantizado socialmente.
Nunca los derechos afectivos, los derechos sexuales, el derecho al aborto, la autonomía sobre el pro-pio cuerpo tendrán cabida en el ca-pitalismo decadente, que es el úni-co posible hoy. La única salida para las mujeres explotadas, las mujeres de la clase obrera, es la unidad en torno a un proyecto clasista que integre las reivindicaciones del feminismo de clase.
NO SOMOS APARATOS REPRODUCTIVOS AL SERVICIO DEL CAPITAL
POR EL DERECHO A DECIDIR ABORTO LIBRE, SEGURO Y GRATUITO
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