NO A LA PRIVATIZACION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Hoy, sigue siendo necesario denunciar que una de las principales causas de muertes maternas en el mundo son los abortos inseguros. El derecho al aborto, en la mayoría de países, también en el nuestro, tanto con la ley de supuestos como con la de plazos, en vez de considerarse un derecho constitutivo de los derechos humanos, central entre los derechos sexuales y reproductivos, es un mecanismo al servicio de las clases dominantes para el control de la reproducción a través del cuerpo de las mujeres.
En el estado español, la legislación en materia de aborto todavía no ha salido del Código Penal. Ahora, las interferencias religiosas y las presiones de las organizaciones católicas hacen que el gobierno de turno de la oligarquía, pretenda reducir los supuestos que permitían el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Este cambio legislativo con la reducción del ya limitado derecho al aborto, junto con la profundización de las privatizaciones de los servicios sanitarios públicos, eliminará de facto la posibilidad de acceder a las IVE para las mujeres trabajadoras y de las capas populares, colocándonos en la senda de abortos inseguros y peligrosos u obligándonos a la maternidad obligatoria.
Prohibir el aborto es parte de las prácticas que tratan de controlar la sexualidad de las personas, al considerar que el ejercicio de esa sexualidad es únicamente para la reproducción. Bajo la orientación de la moral religiosa, el binomio sexualidad y reproducción, se convierte en factor clave al servicio de las necesidades del capital, tanto para controlar la reproducción de la mano de obra según sus necesidades, como para el sometimiento y disciplinamiento de la clase obrera a través del cuerpo de las mujerers. Nos convierten así a las mujeres, especialmente a las trabajadoras, en mercancías. Valorables por nuestra capacidad reproductiva, no podemos no querer ni podemos elegir. Para quienes no sean suficientemente disuasorias las medidas punitivas, para las mujeres que no cuentan con recursos económicos suficientes se las condena a muerte o a graves secuelas a través de abortos ilegales.
Las principales afectadas por esta forma de violencia estructural, una vez más, seremos las mujeres trabajadoras, campesinas, inmigrantes y las más pobres en general.
El aborto es un derecho y no un delito. Por una ley de salud sexual y reproductiva que considere la libertad de las personas a decidir sobre su cuerpo y sus maternidades, que garantice el acceso seguro y gratuito a la IVE en los servicios públicos de salud.
Por el derecho a decidir
Parir es un derecho, no una imposición
Por un aborto libre, seguro y gratuito
No somos aparatos reproductivos al servicio del capital
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