LA PRIVATIZACIÓN MATA
¡¡¡Nunca más muertes evitables!!!
¡¡¡Cuando el lucro entra por la puerta la salud salta por la ventana!!!
FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD
NECESITAMOS un Sistema Nacional de Salud (SNS) al servicio del pueblo trabajador. La contradicción entre sanidad pública y privada no es reconciliable porque el ánimo de lucro, la salud entendida como oportunidad de negocio, es intrínsecamente incompatible con las funciones que este servicio público esencial debe prestar:
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La privatización sanitaria en el Estado español fue trazada en tiempos del PSOE de Felipe González: el Informe de la Comisión Abril (1991), cuyos miembros tenían intereses directos en la sanidad privada y/o el negocio farmacéutico y presidida por el banquero y político franquista Fernando Abril Martorell, contenía 64 “recomendaciones” que marcaban la senda privatizadora del sistema público de salud.
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La Ley 15/97 de “nuevas formas de gestión del SNS” abre, por primera vez en nuestro país, la posibilidad de que empresas privadas gestionen hospitales financiados con fondos públicos. Fue aprobada con los votos a favor de PP, PSOE, CiU, PNV y CC. Actualmente, ninguno de los partidos de la “izquierda” institucional lleva la derogación de la Ley 15/97 en sus programas.
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El coste final para las arcas públicas de los hospitales de gestión privada resultantes de la Ley 15/97 puede ser hasta 4 veces superior al del modelo tradicional de gestión pública directa.
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La introducción del ánimo de lucro en la gestión sanitaria incrementa la mortalidad hospitalaria un 2% en pacientes adultos, un 8% en pacientes crónicos, y un 9,5% en recién nacidos/as.
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El modelo de concesión sanitaria ha fracasado estrepitosamente en todo el mundo. El Hospital de Alzira quebró en 2003 y le costó 69,3 millones de € a la sanidad pública. En 2018 la prestigiosa publicación British Medical Journal publicó un contundente Editorial titulado “Fracaso de la Iniciativa de Financiación Privada: era predecible y se predijo”.
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El 15% de la población de nuestro país origina el 80% del gasto sanitario. Son los pacientes “no rentables”: ancianos, pensionistas, enfermos crónicos y pobres. El copago (repago) alejaría del sistema sanitario fundamentalmente a estos pacientes.
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Esas/os pacientes “no rentables” son fuente de negocio en el precarizado sector sociosanitario. Las residencias de ancianas/os facturaron 4.500 millones de € en 2018. El 75% de las plazas son privadas en manos de fondos de inversión. Sin embargo, el 41% de sus ingresos proceden de financiación pública. Más de dos tercios de las muertes por COVID-19 en España se produjeron en residencias de ancianas/os.
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En junio de 2019 cerca de 700.000 personas esperaban una operación y unas 2.400.000 la primera cita con un/a especialista. Las listas de espera sanitaria, tanto quirúrgicas como diagnósticas, no sólo matan sino que, además, privatizan: entre 2006 y 2016 se incrementó en un 32% el número de quienes han contratado un seguro privado.
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La sanidad privada, cuyos hospitales se nutren en más de un 60% de los conciertos con la pública, se ha borrado durante la pandemia por COVID-19 en el Estado español: en lugar de poner sus medios a disposición, han cerrado centros y servicios, realizado ERTES,… Sólo han colaborado previo suculento pago por servicio, aprovechando la emergencia sanitaria para continuar parasitando el sistema sanitario público.
El PCPE llama a luchar por una sanidad, servicios sociosanitarios e industria farmacéutica íntegramente públicos, sin copagos y universales, que tengan como objeto la protección, promoción y restauración de la salud individual y colectiva así como la prestación profesional de los cuidados de ancianas/os y dependientes, para toda la clase trabajadora nativa o inmigrante sin exclusión.
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