El pasado sábado 21 de junio el PCPC y su militancia participamos en la manifestación convocada en defensa del derecho a la vivienda y contra la especulación que está expulsando a la clase trabajadora de nuestros barrios y pueblos. La marcha partió a las 11:00 horas desde el Parque del Canódromo y reunió a cientos de personas decididas a denunciar una realidad cada vez más insoportable para el pueblo canario: mientras la vivienda se convierte en un negocio extraordinariamente rentable para bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, miles de trabajadores y trabajadoras no pueden acceder a un hogar digno.
A lo largo del recorrido quedó patente el malestar que lleva tiempo acumulándose. Los alquileres continúan disparados, el precio de la vivienda está fuera del alcance de la mayoría de las familias obreras y la juventud ve cada vez más difícil emanciparse. Y mientras tanto siguen aumentando los casos de hacinamiento, los desahucios silenciosos y la obligación de vivir en condiciones indignas simplemente para poder sobrevivir.
Desde el PCPC participamos repartiendo nuestra octavilla «La vivienda no es un negocio», en la que defendemos una idea sencilla: la vivienda es un derecho y no una mercancía. Porque bajo el capitalismo, la vivienda está sometida a la lógica del beneficio privado. Se construye, se compra y se vende no para satisfacer una necesidad humana fundamental, sino para generar ganancias a quienes acumulan propiedades y capital.
Canarias es un ejemplo especialmente dramático de esto. Con los salarios más bajos del Estado y con más de doscientas mil viviendas vacías, resulta evidente que el problema no es la falta de viviendas, sino quién las posee y para qué las utiliza. Mientras miles de personas buscan desesperadamente un lugar donde vivir, una parte importante del parque inmobiliario permanece vacío o en manos de la especulación.
Durante la manifestación defendimos propuestas concretas: una fuerte fiscalidad sobre las viviendas vacías en manos de grandes propietarios, medidas contra la acumulación de inmuebles por quienes ya poseen varias viviendas, la rehabilitación y puesta en uso de edificios abandonados, el impulso de cooperativas de vivienda con apoyo público, políticas específicas para facilitar el acceso de la juventud a una vivienda digna y la prohibición de la adquisición de viviendas por personas no residentes en las islas.
Pero también señalamos algo que no puede ocultarse. Mientras la vivienda siga siendo una mercancía sometida al mercado, la clase obrera continuará sufriendo las consecuencias de un sistema que convierte los derechos en oportunidades de negocio. Por eso nuestras reivindicaciones inmediatas deben servir también para fortalecer la organización popular y la lucha por una sociedad en la que las necesidades colectivas estén por encima de los intereses privados.
La movilización del 21 de junio demostró que crece la conciencia y la disposición a luchar. La defensa del derecho al techo forma parte de la lucha general de la clase trabajadora por unas condiciones de vida dignas. Seguiremos participando y apoyando todas las iniciativas que contribuyan a organizar esa respuesta colectiva, porque ninguna persona debería enriquecerse con una necesidad básica del pueblo. La vivienda no es un negocio; es un derecho que solo podrá garantizarse plenamente cuando la riqueza social se ponga al servicio de quienes la crean con su trabajo.
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