La organización de Tenerife del Partido Comunista del Pueblo Canario denuncia el lenguaje trilero del actual Gobierno de Canarias cuando en boca de su Consejero de Sanidad, Blas Trujillo, saca pecho alegando que el presupuesto de Sanidad para 2021 experimenta un crecimiento del 5,12 %, que el gobierno cuantifica en 160.333.822 euros, y que eso demuestra su compromiso con el gasto “social”. Lo que no explica el señor Trujillo es que el 9.3% del presupuesto público de Canarias para sanidad, se destina a concertaciones con centros privados, un dato que la sitúa entre las 4 comunidades autónomas con mayor gasto en sanidad privada concertada. Así que si hacemos cuentas vemos que la cifra llegaría a unos 307.016.087 €. Es decir, que el supuesto incremento de 160.333.822 € se esfuma completo por el sumidero de la concertación, junto con otros 146.682.265 €. Estás cantidades escandalosas las ingresarán compañías privadas que prestan un servicio peor que el público según las estadísticas de mortalidad.
El gobierno de la socialdemocracia gestiona este salario indirecto (la sanidad pública), de las obreras y obreros, que producimos toda la riqueza material de la sociedad, malgastando nuestro esfuerzo en garantizar unos enormes beneficios a las compañías capitalistas que operan en la sanidad. No sólo mediante la concertación de asistencia sanitaria para los pacientes que deriva, también deberíamos tener acceso y poder analizar lo que se gasta en comprar a las compañías proveedoras de todo tipo de productos empleados en el funcionamiento de los centros públicos, o lo que se paga por obras o servicios, pues una característica del capitalismo senil, agotado como formación histórica, es su carácter parasitario. Con el desarrollo de las fuerzas productivas, sabemos que la clase obrera es capaz de producir mucho más en menos tiempo, y que es precisamente el tiempo socialmente necesario para la fabricación de un producto lo que determina su valor, entonces el capitalista para mantener o elevar el margen de beneficios debe aumentar la escala de producción, pero los mercados no son infinitos, tienen sus límites, así que huyendo de la tendencia a caer de la tasa media de ganancias, aparte de procurar un crecimiento de la tasa de explotación del trabajo, intenta desde sus compañías monopolistas vender a un precio que esté por encima del valor de la mercancía, y para esto es muy útil emplear al Estado, y sus Administraciones Públicas, como instrumento para garantizar su proceso de acumulación, convirtiéndoles en clientes que pagan muy bien, a pesar de que a nosotros nos cuentan otra historia.
Así la deuda pública tiene como contrapartida importantes beneficios de grandes compañías monopolistas y, sin embargo, no vemos que se asegure una prestación adecuada y de calidad que nos permita mantener un buen nivel de salud. Por ejemplo, el presupuesto inicial del Edificio de Actividades Ambulatorias del CHUC era de 34’4 millones de euros, después la empresa dijo en 2007, que eran 73 millones, más del doble y hubo quien solicitó una investigación de la Audiencia de Cuentas porque afirmaba que el gasto había superado un 147 % lo previsto, señalando q estaría por los 100 millones. Después esa deuda pública se usa para extorsionar a las trabajadoras y trabajadores para que acepten recortes de sus derechos y para justificar lo que llaman “nuevas formas de gestión” el eufemismo que emplea la ley 15/97 para referirse a la gestión privada de centros públicos. La clase capitalista no arriesga un duro. La Administración Pública hace la inversión, pone las instalaciones, lo que hace la empresa privada es cobrar por “gestionar”, obtener beneficios, que sin duda vendrán de una merma en la calidad y cantidad de servicios prestados y del endurecimiento de las condiciones de trabajo.
En el pasado Unidas Podemos afirmaba que derogaría la 15/97, pero igual que ha ocurrido con la Ley Mordaza y muchos artículos del Código Penal, una vez en el poder los nuevos gestores del capital, no han tocado la ley, ni la mencionan, con la reforma laboral, hicieron un retoque de maquillaje, pero sigue en pie casi integra. La conclusión es que la clase obrera sólo puede confiar en sí misma, en su organización y movilización. Hay luchar si queremos avances y, sobre todo, ahora porque hay que poner la guardia en alto ante lo que se pretende. Por eso el Partido Comunista del Pueblo Canario llama a la clase obrera y resto de clases populares a movilizarse el 27 de febrero por la defensa de sanidad pública.
Canarias 25 de febrero de 2021.
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