Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públicas. Por primera vez, la justicia ha acreditado la financiación irregular del partido hegemónico en Cataluña (…) Millet y Montull confesaron haber desviado fondos del Palau en beneficio propio, incluidos casi 650.000 euros en viajes de lujo por medio mundo (Maldivas, Polinesia, Kenia…). La justicia ha cifrado finalmente el expolio en 23 millones de euros. En el juicio, tras años de escrupuloso silencio, los saqueadores confesos acabaron admitiendo también que el Palau sirvió como tapadera para que Ferrovial financiara a Convergència. Sus testimonios acabaron de apuntalar una acusación que, como recoge la sentencia, incluye abundante documentación incriminatoria. En un documento, por ejemplo, aparecen alusiones a obras, importes y hasta porcentajes junto al nombre de los tesoreros Carles Torrent (fallecido en 2005) y Osácar. (…) El País, 15 de enero 2018.
Lo mismo que la trama Gürtel del PP, los escándalos, subvenciones y “privatizaciones” de la Fundación FAES de Aznar y los Expedientes del INEM del PSOE; CDC-PDECAT en Catalunya han venido saqueando las arcas públicas de la Generalitat. Después de 10 años, por fin, la justicia burguesa se ve obligada a dictar sentencia en la que reclama la devolución de 6,6 millones de euros, de los más de 23 mil millones que se han repartido del robo escandaloso cometido en relación con el llamado “caso Palau”, limitando las responsabilidades a Millet, Montull, Osácar, y Ferrovial.
Más allá de los actores, de lo grotesco y superficial, de la podredumbre generalizada que se puede extraer del “Cas Palau”, los comunistas del PCPC queremos destacar unas ideas, que van más allá de la indignación, más allá del quejido reformista de la “corrupción”, de los escándalos fijados en Millet y Montull y de la propia CDC y su heredero: el PDeCAT.
El capitalismo es un sistema corrupto por naturaleza, y como tal debemos tratarlo. No existe corrupción sin capitalismo; todas y cada una de las acciones vitales que origina el sistema capitalista van destinadas a aumentar su beneficio a costa del trabajo ajeno. A veces, para conseguir enriquecerse, los capitalistas y sus gestores han de violentar los límites legales o incluso las propias leyes creadas por el poder legislativo capitalista. ¿Qué fueron si no los Casos Prenafeta, el caso Mercurio, los de Santa Coloma de Gramenet, el tráfico de tabaco de contrabando de Andorra por el alcalde de ERC de la Seu d’Urgell o el caso del alcalde de Lloret que trapicheaba con concesiones urbanísticas y casinos, por poner solo 4 ejemplos de las miles y miles de corruptelas existentes sobre su propia ley?
Cuando las administraciones públicas ofrecen contratos a empresas privadas para ciertas obras o servicios, se produce la competencia, el pasteleo, el compadreo o todo ello a la vez para obtener esa regalía. En el caso que nos ocupa, a cambio de ciertas comisiones (3% o más del valor de la obra) a través de la Fundació Palau, Convergencia Democrática de Catalunya otorgaba obras públicas de forma sostenida en el tiempo a empresas privadas. Principalmente Ferrovial, una gran empresa del IBEX 35, perteneciente pues a la oligarquía española.
Esto se debe al desmesurado afán competitivo entre las propias empresas capitalistas por hacerse con suculentos contratos pagados con dinero público. Se crea así un vínculo -de los muchos que existen- que nos demuestra que el Estado es un arma de dominación de una clase sobre otra y, por tanto, favorece de forma natural la explotación y opresión de una clase sobre otra: Ferrovial obtuvo contratos de obra pública con el fin de explotar a sus propios trabajadores y obtener, tanto el gestor (CDC) pero principalmente Ferrovial, pingües beneficios a costa del trabajo obrero.
También es digno de estudio como los medios de comunicación vinculados a los gestores del Poder (CDC-PDeCAT), como por ejemplo TV3 y Catalunya Ràdio, han retorcido la información referida a la sentencia focalizando la culpabilidad en Millet y Montull y despojando al PDeCAT de todo atisbo de responsabilidad. Según el presentador del Telenotícies de TV3 «desde el PDeCAT recuerdan que la antigua Convergència ya las asumió en su momento [las responsabilidades] con la desaparición del partido». Es decir, se justifica la viga en el ojo propio, el alzamiento de bienes y las corruptelas de la corruptela del capital, máxime cuando el partido tiene las mismas cabezas visibles tanto en una época como en otra: Mas, Puigdemont, Homs, Pujol, etc..
No menos digno de estudio es la sentencia que libera de toda responsabilidad a Ferrovial, puesto que el delito “ha prescrito”. Es decir, Ferrovial no tendrá que devolver ni un euro. Estas son las tragaderas de la justicia burguesa cuando se juzga a la burguesía.
Si a esto le añadimos anteriores resoluciones judiciales, las cuales eximían a toda la cúpula del PSC barcelonés de tráfico de influencias, el escándalo se eleva al cubo. Es muy difícil de entender que el Gobierno municipal del PSC no fuera conocedor de los movimientos, recalificaciones de terreno, gestiones necesarias para modificar usos y cambios de titularidad de edificios, como el de la escuela concertada Salesianos-la Salle, propietaria de un inmueble en disputa, el cual cedió a cambio de “mejoras” en la escuela. Quizás mejor dicho, prebendas.
El PCPC exige la devolución de todo lo robado con indemnizaciones e intereses. Que este capital sea reinvertido con el fin de solventar las necesidades sociales más urgentes que atañen a la clase obrera: vivienda, educación, sanidad, suministros básicos, transporte, etc.
Desde el PCPC afirmamos que el Estado es un arma de dominación de una clase sobre otra; que los partidos políticos son la expresión de las distintas fuerzas que intervienen en la lucha de clases, y se comportan como gestorías políticas de sus intereses; que solamente el Partido Comunista es el partido que representa a la clase obrera.
Denunciamos a los representantes de la burguesía catalana de Convergencia Democràtica de Catalunya y a sus herederos (PDeCAT, Junts per Catalunya) por gestionar Catalunya como su cortijo particular más de 30 años aferrándose a esa gestión del Poder utilizando todos sus medios, incluso los de comunicación (ya sean públicos o privados). Para ello, no dudan en acusar “a Madrid” de sus propios robos a la clase obrera catalana. También a ERC cómplice necesario y aliado natural de CDC-PDeCAT, y socio incluso de Govern.
Denunciamos a todos los partidos políticos y entidades que manipulan, justifican, falsean o minimizan los escándalos de corrupción vinculados al sistema.
El PCPC afirma rotundamente que únicamente en una sociedad socialista, donde los que producen sean los que deciden, donde los que gestionen sean los que gobiernen y manden, se acabarán los robos y saqueos a la clase obrera.
El PCPC sigue llamando a la clase obrera catalana y a los sectores populares a unirse al proyecto revolucionario y a luchar para construir la República Socialista Catalana, juntamente con la clase obrera española para construir la IIIª República Socialista de carácter Confederal.
COMITÉ CENTRAL DEL PCPC
Barcelona, 17/01/2018.
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