Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España en la Región de Murcia denunciamos la vergonzosa situación en la que se ha iniciado el curso en nuestros centros educativos.
A pesar de que el cierre de las escuelas en el inicio de la pandemia se decretase en marzo y que desde entonces el gobierno regional fuera consciente de que habría que planificar la vuelta a las aulas en el marco de una pandemia mundial, el curso en nuestra región se inició de forma atropellada, teniendo incluso que retrasar la incorporación de los alumnos a las aulas, pues las instrucciones para la realización de los planes de contingencia llegaban a los centros tarde y eran modificadas al día siguiente, demostrando el poco trabajo preparatorio de la Consejería de Educación realizado durante los últimos seis meses.
Esta vuelta a las aulas precipitada y en nefastas condiciones nada tiene que ver con el interés del gobierno regional por la educación de nuestros menores, más bien con el fin de garantizar que sus obreros y obreras tuvieran un lugar donde dejar a su descendencia y así poder asistir a los centros de trabajo donde el sistema capitalista pudiese continuar explotándolos y robándoles su plusvalía.
Cuando los trabajadores de la escuela pública se incorporaron el uno de septiembre a sus centros de trabajo se encontraban en la tesitura de tener que reestructura centros masificados donde debían hacer “tetris” para encajar a 20 alumnos en aulas ínfimas en las que ni bajando la ratio a ese número se puede garantizar la distancia de seguridad donde en otros cursos se meten con calzador un número de alumnado que se acerca más a la treintena. Los equipos directivos tuvieron que realizar los planes de contingencia de sus centros con instrucciones que llegaban por fascículos, recibiendo todos los días nuevas instrucciones que contradecían lo anterior; y teniendo que asumir el suministro de EPIs, sin recibir instrucciones claras de cuáles se debían proporcionar, y de gel hidroalcohólico.
De forma concreta denunciamos las siguientes cuestiones:
- Tardía e insuficiente contratación de personal docente que garantice las medidas de seguridad en materia de salud en los centros.
- Desviación de algunas de las contrataciones de personal docente por parte de la administración pública hacia centros concertados.
- Mala gestión y preparación, por parte de la Consejería de Educación y Cultura, con instrucciones tardías y contradictorias a los centros educativos.
- Falta de dotación de recursos materiales y de espacios para que se diese de forma segura la incorporación del alumnado a las aulas.
- Insuficientes e incomprensibles medidas de seguridad respecto al transporte escolar. En lugar de doblar la flota de autobuses para poder realizar los desplazamientos manteniendo la distancia de seguridad entre los pasajeros, los autobuses deben realizar dos viajes por lo que parte del alumnado se incorpora a las aulas tarde y una vez iniciada la actividad lectiva.
- El refuerzo de limpieza se deja en manos de los Ayuntamientos, con una contratación escasa y supliéndola aumentando la carga de trabajo en el personal ya contratado, lo cual da lugar a no poder cubrir todas las necesidades higiénicas de la situación actual.
- No realización de pruebas PCR a todo el personal docente antes de iniciar las clases. Las pruebas realizadas a parte del profesorado se han hecho de forma voluntaria y se han tratado de test de anticuerpos cuya fiabilidad es tan baja que de nada sirve realizarlos.
- Tratan de convertir al personal docente en policías o profesionales sanitarios pidiéndoles que certifiquen el buen uso en todo momento de la mascarilla por parte del alumnado(20 por docente) y que determinen en caso de aparición de un caso de COVID-19 los contactos estrechos con escasa formación de lo que supone tal término.
- Por último, tras la jornada de huelga convocada el 22 de septiembre, denunciamos los abusivos servicios mínimos que ha impuesto la Consejería de Educación cercanos al 100% en algunos casos que solo muestran la insuficiencia de las plantillas actuales y corrobora la necesidad de aumentar las contrataciones.
Ante estas nefastas condiciones exigimos al Gobierno Regional que deje de jugar con la salud de docentes y de tantas familias, y atienda a las exigencias de los profesionales docentes y no docentes. La Escuela Pública debe ser la prioridad y dotarla de los recursos humanos, materiales y económicos que sean necesarios para garantizar no sólo la seguridad, sino la oferta de una educación de calidad a las hijas e hijos de la clase obrera.
¡Todo para la pública, ni un euro para la privada!
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