El análisis de los últimos acontecimientos entorno a la desclasificación de los documentos sobre el 23F requiere situar una serie de elementos políticos. Empezamos indicando que el hecho destacado recae más en la nota del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, publicado en el BOE, que en la “selección” de documentos que el Estado nos permite ver sobre el 23F y que diversos historiadores ya han indicado que no aportan nada nuevo, más allá de algún matiz.
El primer elemento que debemos situar es que la presente desclasificación se realiza bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1968. El Estado español y su gobierno progresista venden este acto como algo que “refuerza la calidad de nuestro sistema democrático” desde una ley de la dictadura.
El segundo elemento, la nueva Ley de Secretos, la futura Ley de Información Clasificada, que espera el trámite parlamentario correspondiente para ser vigente, responde, como se puede ver si se observa el anteproyecto en el BOE, a la necesidad de actualizar y reforzar la ligazón en materia de seguridad entre la OTAN, la UE y el Estado español. En ningún caso responde a una voluntad de esclarecer episodios de represión del Estado como los del GAL.
El tercer elemento, es el uso de la desclasificación de los documentos como forma de propaganda de Estado, debido a la escasa información que arrojan más allá de tratar de legitimar determinados pilares del Régimen de 78 y pretender seguir colocando el único elemento con que la socialdemocracia pretende seguir en el gobierno: el “miedo a la extrema derecha”. Como indica el documento del Consejo de Ministros: “comprender las lecciones del 23F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático”. Parches para un Régimen en crisis que necesita de constante legitimación y de un gobierno, junto con los partidos que lo forman, que debe agarrarse al propio Régimen del 78 para existir.
A todo esto, al día siguiente de desclasificar los documentos del 23F fallece, esta vez si, Tejero. Este Guardia Civil que protagonizó junto a Jaime Milán del Bosch y Alfonso Armada, otros gerifaltes de similar envergadura, el intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Este episodio, que ahora sale a la palestra de forma totalmente intencionada, es el más ponzoñoso de su historia reciente porque, más allá de lo que quiera mostrar el gobierno y Estado, todos los indicios apuntan a que fue una estratagema de legitimación de la monarquía y del Régimen del 78 tratando de poner a la clase obrera entre la espada y la pared.
La necesidad de legitimar al Estado y al Borbón por parte de las instituciones del Estado es constante. Desde el PCPE llamamos a la más amplia unión para desenmascarar a todos los que pretenden legitimar a la actual monarquía hereda del franquismo, unir las luchas y crear organización en los centros de trabajo, estudio y en los barrios para construir la República Socialista Confederal.
27 de febrero de 2026
Secretaría de Memoria Histórica y Lucha Republicana del CC del PCPE
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