El fantasma de la deuda pública recorre Europa y España. Las exigencias de las instituciones de la Unión Europea respecto a la estabilidad presupuestaria y el gasto público, aceptadas por los gobiernos españoles, han llevado a recortes sociales masivos y al desmantelamiento de servicios públicos esenciales.
Mientras se suprimen gastos sociales, se impide la generación de nuevos ingresos públicos por medio de sucesivas rebajas fiscales a las empresas, que también son destinatarias de una buena parte de fondos públicos, por vías directas o indirectas. Las instituciones públicas están a día de hoy para beneficiar intereses privados mercantiles, no para abordar las profundas desigualdades sociales existentes.
Por ello, planteamos entre nuestros objetivos, los siguientes:
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Revisión al alza de la fiscalidad sobre empresas, centros comerciales (IAE) y vehículos de gran cilindrada (IVTM).
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Reversión al sector público de todos los servicios privatizados o gestionados por empresas privadas.
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Equiparación de los trabajadores y trabajadoras de los mismos a las condiciones de los empleados públicos y gestión de estos servicios a través de los consejos de trabajadores y de participación popular. Gestión de basuras, aguas, parques y jardines, zonas azules o verdes de aparcamiento, transporte, guarderías, ludotecas, establecimientos deportivos, etc.
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Fin de las ayudas directas o indirectas a grandes empresas. Eliminación de todo tipo de ayudas a empresas con despidos, EREs o denuncias por vulneración de los derechos laborales y sindicales.
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Cancelación inmediata de todos los conciertos educativos, sanitarios y de servicios sociales con entidades privadas. Educación, sanidad y servicios sociales universales, gratuitos y exclusivamente públicos en todos los niveles.
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