El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado un auto en el que rechaza la solicitud de la asociación de vecinos Ciudad Alta de derribar las torres del Canódromo y remite a la sentencia que emitirá el Tribunal Supremo al respecto.
Así lo informa en un comunicado el Ayuntamiento capitalino, que recuerda que ésta ha sido la posición mantenida por el grupo de gobierno del Consistorio “bajo el criterio de prudencia y de defensa de los intereses de la ciudad”.
El auto, emitido este miércoles, ha sido valorado por el concejal de Ordenación de Territorio, Néstor Hernández, quien ha manifestado su “respeto y acatamiento” de la decisión judicial.
“Más allá de los argumentos populistas mantenidos por algunos grupos políticos, este auto evidencia que la línea marcada desde este grupo de gobierno, basada en la prudencia y en la defensa de los intereses ciudadanos, ha sido la correcta”, explica Hernández.
“Como hemos señalado siempre –recuerda– esta ciudad no podría hacer frente a las consecuencias económicas que se derivarían si el Ayuntamiento ejecutara una sentencia que todavía no es firme y el Tribunal Supremo obligara finalmente a indemnizar a la empresa Realia”.
Añadió que este principio de precaución lo recoge el auto: “Se declara no haber lugar a la medida interesada por la parte demandante de ejecución, consistente en que se ordene al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a la codemandada Realia Business, en la representación que ostenta, que procedan a la demolición de las obras, hasta que por el TS se dicte resolución decidiendo definitivamente sobre la nulidad del Plan Especial el Canódromo y del PGOU de Las Palmas de Gran Canaria en lo que afecta a éste”.
Asimismo, Néstor Hernández recuerda que durante su etapa en la oposición municipal el grupo socialista votó en contra del Plan Especial. “Mantenemos el desacuerdo con el Plan Especial que realizó el grupo Popular pero la responsabilidad de gobierno conlleva anteponer los intereses de la ciudad, de todos y cada uno de sus ciudadanos”, añadió.
“Y eso, hoy, significa precaución en las decisiones y esperar a la sentencia del Tribunal Supremo para evitar un nuevo golpe económico a las arcas municipales”,
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