El Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) denuncia el nefasto papel que juega el poder judicial en España, que ni tan siquiera trata de guardar las formas como pieza fundamental del entramado de explotación capitalista. El último escándalo, con la filtración a prensa de los entresijos de los nombramientos de la alta judicatura en el Tribunal Supremo, con un control directo de los partidos burgueses PP y PSOE, deja aún más tocado a un poder judicial cuyo prestigio entre el pueblo es cada vez menor.
En todos los estados capitalistas, los poderes políticos y económicos influencian de una forma u otra al poder judicial, lo tutelan y dirigen, lo condicionan y lo suman a sus proyectos. Sin embargo, España es un caso especial desde el mismo momento en que la «Transición» que legitimó la monarquía parlamentaria dejó prácticamente intacto el poder judicial franquista.
La anomalía democrática que supone la mera existencia de la Audiencia Nacional, instancia judicial heredera directa del Tribunal de Orden Público del fascismo, el indisimulado partidismo de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado, el burdo control de los partidos políticos sobre “sus” jueces y juezas, los vínculos directos e indirectos con las “Cloacas del Estado”… Todo ello nos presenta un cuadro en el que cada vez son menos sorprendentes sentencias, por hablar solo de las más recientes, como la del caso de violación de “la manada”, la del Tribunal de Estrasburgo constatando la carencia de garantías procesales en la condena a varios dirigentes independentistas vascos por la Audiencia Nacional, la dura condena a los jóvenes de Altsasua o la publicada hace unas semanas por el Tribunal Supremo, cediendo a las presiones de los poderes económicos y enmendándose a si mismo para eximir a la banca del pago del impuesto a las hipotecas.
La renuncia del juez Marchena a dirigir el Tribunal Supremo no cambia en nada la situación. Es más, supone la vuelta de un juez conservador y claramente vinculado al Partido Popular al frente del juicio contra los presos/as políticos/as catalanes/as, lo que hace augurar duras penas y un agravamiento del conflicto nacional en España.
Tampoco las propuestas de partidos burgueses como Ciudadanos, para que el nombramiento de la judicatura del Tribunal Supremo pase a los propios jueces y juezas, garantizan una mayor independencia del poder judicial, solo hace menos directa la elección y control por los poderes políticos y económicos del capitalismo.
Desde el PCPE consideramos que solo una transformación profunda del aparato del Estado en su conjunto, que rompa con su esencia de clase burguesa, puede quebrar el control político y económico capitalista sobre el poder judicial y el resto de instituciones del estado. Necesitamos nuevas instituciones, al servicio de los trabajadores y trabajadoras, verdaderamente democráticas y bajo un control obrero y popular. En la perspectiva de ese cambio profundo irrenunciable, hacemos un llamamiento táctico a los trabajadores y trabajadoras, y al conjunto del pueblo, a movilizarse y organizarse frente a estos flagrantes abusos, resquebrajando el control de los partidos políticos del sistema sobre la judicatura, frenando las presiones de los grandes capitales, combatiendo las leyes mordaza que pretenden desmovilizar la lucha popular con la cárcel y las multas, depurando el poder judicial de los restos de franquismo… en definitiva, evidenciando la mentira de la división de poderes y conquistando mediante la lucha mayores derechos democráticos para la clase obrera y el pueblo trabajador.
Secretariado Político del PCPE
26 de Noviembre de 2018
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