Canarias posee un sistema electoral no democrático, que favorece y establece un equilibrio insularista que impide la articulación y estructuración nacional de Canarias. Esto es así porque la clase dominante en Canarias, la burguesía a lo largo de su historia, ha basado su poder económico y social en el ámbito insular, y su lucha interburguesa ha impedido la cohesión económica y social del Archipiélago. Los intereses de la burguesía agraria dirigido hacia los mercados exteriores de donde extrae sus beneficios, y los intereses de la burguesía comercial e importadora, no han hecho posible la articulación de un mercado nacional propio e interno para Canarias, de ahí, por tanto, que la dependencia de Canarias a los mercados externos y los intereses oligárquicos hacia las relaciones exteriores, hacen que la principal misión histórica de la burguesía no se haya cumplido con respecto a la burguesía canaria: la constitución de un mercado interior que articule en torno a él a la sociedad civil de Canarias. Así los distintos intereses económicos y los poderes que se derivan de ellos han fracturado en ámbitos insularistas y caciquiles a Canarias y a su sociedad.
De esta manera, por tanto, hay que extraer las condiciones económicas y sociales que hacen posible la existencia de un sistema de representación política que consolida esos intereses caciquiles e insularistas.
El Estatuto de Autonomía de Canarias respondía y responde a esos intereses y necesidades; establece un triple equilibrio insularistas que determina la desvirtuación absoluta de la representatividad política en Canarias, anulando el criterio elemental democrático de una persona, un voto. Sobre esta consolidación del insularismo que es la triple paridad (Entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y entre las islas menores y las mayores) se establece una doble barrera (30 % insular y 6 % regional) de los votos que anula cualquier atisbo de representación democrática de las personas en Canarias.
Por tanto, desde la perspectiva del PCPC (Partido Comunista del Pueblo Canario), la representación política en Canarias, se deriva directamente de la correlación de fuerzas sociales y económicas y de la propia lucha de clases en el ámbito archipielágico. Consecuentemente con esta posición todo cambio en la estructuración política en las islas debe ser una transformación en la correlación de fuerzas, que socave el poder de la burguesía en Canarias. Nos negamos a separar, como hacen otras fuerzas políticas, la estructura política y la conformación de la democracia burguesa en Canarias del sistema económico y social que da base a la estructuración de las clases. En esa perspectiva el PCPC tiene definido, a través de sus Conferencias Nacionales, un marco estratégico de constitución y articulación nacional de Canarias en torno al poder de la clase obrera canaria y el pueblo trabajador.
Este proceso de construcción nacional se define en dos pilares estratégicos fundamentales: por un lado, cohesionar y unir a la clase trabajadora de Canarias en torno a sus propios intereses y necesidades; luchando por unificar sus luchas, dotar al proletariado de sus propias organizaciones y de su independencia de pensamiento, y orientar sus reivindicaciones laborales a la lucha por unificar sus condiciones laborales y salariales en toda Canarias y no como hace la burguesía diversificadas en función del ámbito insular.
El otro eje estratégico es la cohesión de las estructuras e instituciones políticas canarias que doten de sentido nacional a la política canaria, superando las mentalidades insularistas. En ese sentido la cámara de representación debe tener una lista nacional. Desde el PCPC entendemos que la instituciones políticas, como parte de la estructura social, guarda relación dialéctica con la base económica de la sociedad, por tanto, la democratización de dicha estructura institucional tiene que formar parte de un proceso revolucionario que transforme la base económica del archipiélago y construya una realidad en base a los intereses del pueblo trabajador de Canarias. Dentro de esos intereses estratégico de la clase obrera en Canarias es esencial la articulación política de Canarias y la lucha decidida contra las estructuras en las que el insularismo se ha arraigado, en este caso los Cabildos. Éstos en el ordenamiento actual se han convertido en el principal espacio político del insularismo y la división nacional de Canarias, en ese sentido la propuesta del Partido Comunista del Pueblo Canario es convertirlos en órganos de la administración del Gobierno de Canarias pero otorgándoles la representación insular como elemento necesario de reconocimiento del hecho insular en Canarias. Lo que tenemos claro es que el Parlamento canario debe ser la institución que represente al conjunto del Pueblo Canario, y, consecuentemente debe suprimirse los topes insulares a la hora de acceder las organizaciones políticas a dicha institución.
Por tanto, el PCPC entiende que la actual Ley electoral no es el único aspecto en la lacra del insularismo, sino que este tiene una profundidad que abarca al aspecto económico, político y social. Será el proceso revolucionario que defina el poder obrero en Canarias que tendrá como eje prioritario la articulación nacional de Canarias, junto a la lucha contra la burguesía canaria en su conjunto. Ésta tiene al insularismo como elemento definitorio en su actuación política, y por tanto, los intereses del pueblo canario van justamente en sentido contrario a la potenciación de cualquier elemento organizativo, político o social que tienda a construirse en torno a planteamientos insularistas. Sólo la clase obrera en Canarias puede llevar a cabo un proceso de articulación del Archipiélago y ser consecuente con el derecho de autodeterminación.
Comité Nacional de Canarias del PCPC.
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