La lucha por el aborto libre sigue vigente hoy, dado que persisten multitud de países donde el aborto es ilegal o muy restringido, como se constató recientemente en Argentina. Cada año se producen 55,7 millones de abortos en el mundo, un 45% de los cuales se realiza sin garantías de seguridad.
En el estado español, la vigente Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) mantiene multitud de deficiencias en su desarrollo y aplicación. El anterior gobierno socialdemócrata no la dotó de presupuesto y la dejo sin contenido real, y el PP ahondó en esa política dando apoyo a las organizaciones provida, e incluso planteó una reforma pretendiendo volver a 1985 con la ley de supuestos, proyecto que el actual líder del PP, Pablo Casado, quiere rescatar.
No está asegurada la realización de la IVE en la sanidad pública, no se garantiza a las mujeres que sobrepasan las 14 semanas, existe una clara desprotección de mujeres jóvenes, migrantes y de las que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como las mujeres víctimas de violencia de género.
Hay propuestas, más allá del IVE, relacionadas con la salud sexual y reproductiva, que no se han materializado en políticas generales ni en proyectos sanitarios o educativos. Han desaparecido los servicios de atención e información sexual, consultas jóvenes, centros de planificación familiar, etc. La educación afectiva-sexual ha desaparecido de los currículos educativos, tiene escasísimos recursos en proyectos puntuales autonómicos y locales, y eso provoca el avance de las actitudes machistas entre la juventud.
Los métodos anticonceptivos están prácticamente fuera de la sanidad pública, los preservativos siempre, DIU o parches hormonales sólo algunos modelos y las pastillas anticonceptivas de última generación, más demandadas, han sido recientemente excluidas de la Seguridad Social. Estas medidas objetivamente afectan a las trabajadoras que sufren en mayor medida los recortes y las políticas antisociales del capitalismo español.
El 90% de interrupciones de embarazos (IVE) se llevan a cabo en centros privados en nuestro país. En el capitalismo el aborto es un negocio más, la privada siempre está dispuesta a atender a las mujeres de alto nivel socioeconómico, para interrumpir el embarazo, sin condiciones, sin plazos, ni preguntas; mientras las mujeres de las capas populares deben enfrentar la decisión de llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal.
La defensa del derecho al aborto libre y gratuito, en la sanidad pública y sin objeción de conciencia, constituye la verdadera garantía del respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues lo que sigue estando en juego es la libertad de las mujeres, especialmente de las trabajadoras, respecto de su cuerpo, de su maternidad y de su vida.
Las mujeres nos enfrentamos en la sanidad pública, a una carrera de obstáculos para ejercer un derecho que nos corresponde. Y es esto lo que constituye un trato indigno en el acceso al aborto. El aborto será digno cuando todas las mujeres que decidan abortar reciban un trato respetuoso durante todo el proceso, sin discriminación, con plena autonomía y con información veraz por parte de los servicios públicos de salud. Hasta que esto suceda, se seguirá vulnerando por parte del Estado el derecho a un aborto digno.
El derecho al Aborto se ha conseguido gracias a la lucha incesante de las mujeres, y ahí hemos estado las comunistas y los comunistas del PCPE. Y ahí seguimos luchando. Derecho al Aborto Libre, lo reivindicamos en la calle, en las fábricas, en centros de estudios y trabajo, en pueblos y barrios, porque no estamos por la defensa de la ley actual, sino que queremos que el Aborto salga del código penal, y que se doten a las políticas públicas de los recursos necesarios para garantizar efectivamente un Aborto libre, seguro y gratuito.
¡NO SOMOS APARATOS REPRODUCTIVOS AL SERVICIO DEL CAPITAL!
¡PARIR ES UN DERECHO, NO UNA IMPOSICIÓN!
¡POR UN ABORTO LIBRE, SEGURO, GRATUITO Y EN LA SANIDAD PÚBLICA!
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