Por una educación al servicio de la clase obrera: pública, gratuita, laica y democrática

En el ámbito educativo se dan problemas similares a los de la sanidad. Cada vez tiene mayor peso el sector privado/concertado, y se amenaza con nuevas privatizaciones y la entrega de más tramos educativos a manos privadas. Es necesario plantear una serie de medidas mínimas inmediatas:

• Garantizar el derecho a la educación a toda la clase trabajadora: gratuidad sin copagos (libros, material escolar,…) de todos los niveles educativos desde la escuela infantil hasta la Universidad.
• Por una Educación Pública, de calidad, que imparta una docencia con base científica sin ningún tipo de injerencia religiosa o de supercherías equivalentes: ¡Fuera la religión de las escuelas!
• Eliminación de la concertación, y nacionalización sin coste para el pueblo de todos aquellos centros educativos concertados.
• Nacionalización del resto de centros educativos que se consideren necesarios para que la red pública funcione con el máximo de garantías.
• Gestión pública directa de los servicios actualmente privatizados/externalizados en los centros educativos (actividades “extraescolares”, comedor, limpieza, conserjería, mantenimiento,…) con subrogación de las/os trabajadoras/es a la plantilla del centro.
• Establecimiento de estructuras democráticas de control y decisión en los centros educativos públicos: Consejos Escolares en Colegios e Institutos con capacidades plenas de decisión, y elección del Equipo Directivo mediante votación directa de trabajadoras/es, madres, padres y alumnas/os.
• Becas-Salario en función de la situación socio-laboral de cada estudiante y familia para que el derecho al acceso a los estudios universitarios sea efectivo para todas/os los hijos de la clase trabajadora: ¡NO a los créditos o becas-préstamo!
• Financiación de la Universidad Pública (inicialmente con, al menos, el 1,5% del PIB) que garantice el cumplimiento de sus funciones docentes e investigadoras al servicio de la satisfacción de las necesidades de la inmensa mayoría social y del medio ambiente.
• Planificación y equilibrio territorial en la oferta de plazas y titulaciones universitarias: mapas de docencia e investigación basados en la coordinación entre las Universidades Públicas y no en la competencia entre ellas.
• Por una Universidad exclusivamente Pública: ni un solo €, metro cuadrado o instalación pública para conciertos o concesiones a la Universidad Privada; ni una beca para estudios en Universidades privadas; incompatibilidad entre el trabajo en Universidad Pública y Privada tanto para profesorado como para personal de administración y servicios; los centros públicos educativos, sanitarios o de cualquier otro sector que estén acreditados, sólo impartirán docencia práctica para estudiantes procedentes de centros educativos de titularidad y gestión públicas.
• Financiación estrictamente pública de la investigación realizada en Universidades Públicas, garantizando la transferencia exclusiva al sector público de los resultados y conocimientos generados.
• Poder decisorio sobre las políticas estratégicas y presupuestarias de cada Universidad para los órganos colegiados (Claustro Universitario, Juntas de Facultad o Escuela,…) donde se encuentren adecuadamente representados todos los colectivos que conforman la comunidad universitaria. Los órganos de gobierno, tanto unipersonales como colegiados, rendirán periódicamente cuentas de su gestión ante los mencionados órganos de representación en el ámbito de sus competencias: rechazo a las propuestas sobre “gobernanza” y competitividad de las “comisiones de expertos” elegidas ad hoc.
• Universidad libre de cuerpos represivos: mantener la autonomía universitaria también impidiendo la entrada de policía a los Campus.