Por unos servicios públicos que garanticen la justicia, la igualdad y el bienestar

Dic 9, 2015 | 20D 2015 | 0 Comentarios

Los servicios públicos no se limitan a la sanidad y a la educación. Los servicios sociales son fundamentales para atender las situaciones más graves de desatención o falta de recursos para afrontar las necesidades básicas de la población:

En general, todos los servicios prestados por las administraciones públicas deben ser garantizados y salir del ámbito de la gestión privada de forma inmediata:

  • La creación inmediata de un Ente Público de Servicios que administre los servicios públicos no expresados anteriormente, garantizando el mantenimiento y creación de nuevos empleos, con condiciones salariales y laborales dignas.
  • Fin de la contratación precaria y de la subcontratación.
  • Servicios socializados para posibilitar el descanso, la conciliación y favorecer la emancipación de la mujer y del hombre trabajador respeto de las tareas del hogar. 
  • Guarderías públicas y gratuitas. A muy bajo precio: Lavanderías. Planchadurías. Despachos de comida para llevar. Comedores públicos.
  • Personas sin vivienda y/o ingresos permanentes: Albergues públicos donde se ofrezcan: desayuno, comida y cena los 7 días de la semana. 

 

Ancianidad 

  • Pensiones suficientes para una vida digna e independiente de los/las mayores sanos.
  • Gratuidad o precios simbólicos para todo tipo de ortopedias y aparatos de ayuda a la autonomía y movilidad.
  • Cuidados personales gratuitos, no violatorios de la intimidad y la autonomía de los ancianos sanos. 
  • Centros para la convivencia de mayores con dotación plena para una vida sana y creativa.
  • Eliminación de las barreras arquitectónicas, por entornos adaptados las personas ancianas.
  • Programas de estudio y ocio gratuitos o a precios accesibles.

 

Vivienda y transporte, necesidades que deben ser garantizadas en todo caso a toda la población:

  • Por una política de vivienda pública planificada por y para la clase trabajadora: expropiación de las viviendas actualmente en manos de los bancos, fruto de desahucios hipotecarios y, con éstas, conformación de una bolsa de viviendas públicas en régimen de alquiler, con precios populares, para jóvenes, estudiantes, pensionistas, trabajadores y trabajadoras.
  • Vivienda social de alquiler: fiscalización y tasación de los millones de viviendas vacías.
  • Plena restauración de los cascos viejos y rehabilitación integral de las casas baratas.
  • Tolerancia cero contra los desahucios, cortes de luz, agua, gas por parte de bancos y compañías monopolistas.
  • IBI gratuito para la primera vivienda.
  • Transporte público colectivo barato, ecológico, con atención especial a las conexiones entre el rural, los barrios, los polígonos industriales, las zonas comerciales y los centros de estudio. 
  • Reapertura de las rutas cerradas y establecimiento de rutas circulares que conecten las ciudades con los municipios de su entorno. 
  • Gratuidad para trabajadores en desempleo, jubilados, estudiantes con bajos recursos y personas con contratos precarios; reducción de su precio a un nivel simbólico en el resto de los casos.