El sábado 18 de noviembre, varias fuerzas políticas y sindicales han convocado una manifestación en Valencia para reivindicar una mejor financiación para el País Valenciano. Las organizaciones convocantes señalan un hecho cierto, la infrafinanciación del País Valenciano según el actual modelo de financiación de las Comunidades Autónomas.
Omiten, sin embargo , otras realidades que influyen también en el deterioro de los servicios públicos valencianos, como las consecuencias de las imposiciones de la Unión Europea y del artículo 135 de Constitución vigente.
El estado español, está obligado a cumplir con las obligaciones que impone la pertenencia al euro y la UE. Uno de ellas es, por ejemplo, no destinar más del 3,7% del PIB a Educación, cantidad insuficiente que acaba provocando los recortes conocidos. Silenciar esto y fiarlo todo a recibir más dinero, es un engaño a la sociedad valenciana.
Tampoco se menciona el artículo 135 de la Constitución, cosa lógica cuando entre los organizadores está el partido que gobernaba cuando se aprobó esa reforma constitucional, el PSOE, que, además es la formación mayoritaria del gobierno del Pacto del Botánico.
Esa norma obliga a que la Generalitat Valenciana tenga que destinar casi una tercera parte de su presupuesto, al pago de la deuda, cantidad muy superior a la destinada a sanidad o educación, que va directamente a la banca.
En esas condiciones, cuando el conjunto de las administraciones están apremiadas por las imposiciones de la UE, que aceptan sin discusión, reclamar la deuda del estado sin plantearse modificar esa situación, supone caer en una confrontación por los recursos insuficientes, situar nuestro pueblo en el enfrentamiento con el resto de pueblos del estado, en una pugna
Interburguesa en la que no hemos de entrar.
Además, no hay concreción sobre el uso de las partidas que se reclaman, sobre si irán a financiar necesidades sociales o nuevos proyectos perjudiciales para la mayoría, como crear una Policía autonómica, que ahora mismo está a punto de aprobarse en Les Corts, y que evidencia que no se trata más que de un choque entre burguesías, el AVE o nuevos trasvases.
Por otra parte, culpar de todos los males a la financiación insuficiente, supone hacer pasar por bueno un gobierno autonómico que no se enfrenta al capital y no cumple sus promesas electorales y lo disfraza todo con la crítica al infrafinanciamiento.
Es real que el País Valenciano es una anomalía en el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, pero esto no explica por qué razón los problemas se arrastran esté quién esté en el gobierno central o a la Generalitat Valenciana.
A pesar de los problemas de financiación, que afectan en la clase obrera y sectores populares del País Valenciano, entendemos que el núcleo de este conflicto es un choque entre burguesías y no caemos en la falsa ilusión que tratan de fabricar de que lo que quedará al final para nuestra clase será el grueso de nuestra propia riqueza y no unas migajas a cambio de luchar por quien nos explota aquí en lugar de contra ellos.
Además así es la estructura del capitalismo español, con una oligarquía que vive de parasitar los presupuestos estatales y un Estado como tal que realiza obras públicas, incluso antieconómicas, que refuercen su ideario nacional ( AVE radial, corredor «mediterráneo» por Madrid, radiales deficitarias de autopistas en Madrid, etc). Y la única forma de desposeer a esta oligarquía del capital que acumula con nuestro trabajo es acabar con el Capitalismo, puesto que esta es su forma concreta en España,construyendo el socialismo.
Por estas razones, el Comité del País Valenciano del PCPE ha decidido no apoyar a la manifestación del 18 de noviembre en Valencia.
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