Si algo deja meridianamente clara la absoluta integración de la salud y seguridad laboral en la lucha de clases, y en manos de qué clase social se encuentran los sistemas de determinación y registro de contingencias, es la enorme y persistente infradeclaración de las enfermedades laborales que, desde hace décadas, se estima en torno al 70% en el Estado español. Es decir, aproximadamente 2 de cada 3 enfermedades relacionadas con el trabajo no se registran como tal sino como enfermedades comunes. Que sepamos, ninguna de estas enfermedades acorta la vida de los consejeros de dirección o de los accionistas de las grandes empresas.
En la base de este subregistro de la enfermedad laboral se encuentra un cuadro de enfermedades profesionales (RD1299/2006) confeccionado a la medida de los intereses patronales, limitado a determinadas actividades en el puesto de trabajo y que somete a las/os trabajadoras/es a una auténtica carrera de obstáculos ante la obligación de demostrar la relación causal y la exposición exclusivamente laboral a los elementos o sustancias indicados en el mencionado cuadro para cada enfermedad profesional.
Las patologías más graves y, por tanto, más costosas económicamente (único interés de la patronal) y más costosas en términos de salud y supervivencia (sólo para las y los trabajadores) son, precisamente, las que sufren una infradeclaración más escandalosa: según estimaciones epidemiológicas, el 99,8% de los tumores malignos de origen laboral no son reconocidos como enfermedad profesional, y lo mismo ocurre con el 98,8% de las enfermedades cardiovasculares y el 94,1% de las enfermedades respiratorias que se producen por exposición a riesgos laborales, pero son consideradas contingencias comunes. Para la Seguridad Social y las Mutuas que la parasitan, el cáncer laboral prácticamente no existe, a pesar de que, según cifras muy conservadoras, produce más de 5.000 casos nuevos anualmente en el Estado español y es responsable del 54% de las muertes por enfermedad laboral.
Un ejemplo especialmente doloroso para nuestra clase es el de la exposición al amianto, reconocido carcinógeno desde los años 60 y al cual han estado expuestos cientos de miles de trabajadores (y sus familias) sin información ni protección por parte de una patronal que ha hecho de la negligencia criminal su modus operandi para la acumulación de beneficios. Pues bien, aún hoy continúan expuestos y mueren trabajadores a causa del amianto sin haber visto reconocida su condición de enfermedad profesional, perdiendo sus últimos meses de vida en un calvario judicial y sin que sus familias hayan recibido compensación económica alguna.
Mayor aún es el número de alteraciones mentales que anualmente dañan la salud de trabajadoras/es bajo alta tensión laboral, precariedad, temor a perder el puesto de trabajo, … El estrés laboral, el síndrome del “trabajador quemado”, la ansiedad y la depresión sufren una infradeclaración del 100%. Los riesgos psicosociales sencillamente no existen para el sistema supuestamente encargado de la protección social de las y los trabajadores.
A nivel económico, el subregistro de las enfermedades laborales que son errónea e interesadamente diagnosticadas como enfermedades comunes implica cargar al Sistema Nacional de Salud con unos costes que deberían ser asumidos por la Seguridad Social. Según un estudio publicado en 2019, el coste medio de la asistencia hospitalaria de las enfermedades laborales es de alrededor de 5.500 € por paciente (15.000 € para el cáncer laboral) que, extrapolado al conjunto del Estado español, supondría cientos de millones de euros indebidamente imputados al sistema sanitario público cada año.
Aquí entrarían en juego una de las tantas malas praxis cometidas por las llamadas Mutuas de Accidentes de Trabajo, que derivan accidentes de trabajo a contingencias comunes o a trabajadores y trabajadoras en situación de incapacidad temporal les presiona o presiona al Sistema Público de Salud para dar el alta. Recordamos que las Mutuas son unas asociaciones privadas financiadas con dinero público de la Seguridad Social recogido en los Presupuestos Generales del Estado, que con el paso del tiempo han ido ganando en competencias que tendría que asumir el Sistema Público de Salud y que cada vez piden más. En el último informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo directamente piden asumir competencias tales como la de controlar y dar altas en situaciones frecuentes como lesiones musculares, argumentando una cierta “eficiencia” con respecto al Sistema Sanitario público. Es, por tanto, necesario denunciar las prácticas de estos entes al servicio de la patronal, las cuales solo buscan exprimir hasta la extenuación a los trabajadores y trabajadoras en pos de sus millonarios beneficios. Se juega con nuestra salud para que ellos sigan obteniendo beneficios millonarios.
Estudios epidemiológicos publicados en revistas científicas, estiman en alrededor de 16.000 las muertes que cada año se producen en España a causa de la exposición a riesgos en el puesto de trabajo. Ello implica la pérdida de aproximadamente 160.000 años potenciales de vida. Vidas y años que pertenecen exclusivamente a nuestra clase, puestos al servicio de los explotadores. Muertes evitables que, una vez más, dejan claro que la clase trabajadora no puede esperar absolutamente nada favorable a sus intereses dentro del sistema de explotación capitalista. Podemos ver perfectamente que en la última contrarreforma laboral aprobada por el supuesto Gobierno “progresista”, nada, absolutamente nada que hablar sobre Salud Laboral y mejora de las condiciones de trabajo de la clase obrera.
La toma del poder sobre los medios de producción, más allá de su misión histórica, se ha convertido en una necesidad literalmente vital para la clase obrera.
¡¡¡MUERTE LABORAL, CRIMEN PATRONAL!!!
¡¡¡LUCHAR HASTA LLEVAR LA CLASE OBRERA AL PODER!!!
Resolución aprobada en la II conferencia de Movimiento Obrero del PCPE
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