Si los trabajadores y jóvenes de la Comunidad de Madrid ya nos encontrábamos con alarmantes dificultades para tener acceso a un alquiler, en los últimos meses el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) ha obstaculizado aún más este camino. Hasta ahora este impuesto solo se aplicaba a la compraventa de inmuebles, ahora todos los usuarios de pisos de alquiler tendremos que ver incrementado el sueldo destinado a afrontar el mantenimiento de nuestros hogares.
Pongamos como ejemplo un alquiler (para muchos, privilegiado) de 800 euros al mes, con una duración estipulada de un año. Ante este presupuesto se tendrán que pagar entorno a 115 euros como consecuencia de la aplicación del ITP al firmar el contrato, una cifra que tendrá que asumirse año tras año mientras éste se prorrogue. Por si no era suficiente, Hacienda ya ha comenzado a exigir el pago a los arrendatarios con un carácter retroactivo de hasta cuatro años y un mes en caso de no haber desembolsado un impuesto que para la gran mayoría era desconocido, pudiendo acompañar esta exigencia de una sanción por impago.La excusa para aplicar estas medidas ahora parece no ser otra que la lucha contra el fraude y la morosidad por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, cuestión que suena cuanto menos irónica viniendo de manos tan corruptas.
Además es difícil de entender cómo un impuesto que versa en torno a la transmisión de patrimonio se incluye en el alquiler de una vivienda, ya que esta no cambia de propietario. El ITP tiene unos claros beneficiarios, que se descubren fácilmente utilizando un juego de lógica muy sencillo: si quienes asumimos mayoritariamente este pago vemos empeoradas las condiciones para afrontar un alquiler, este nuevo mecanismo no puede servir más que a los intereses del poder económico. Serán ellos quienes obtendrán sin ningún esfuerzo una alta rentabilidad, permitiendo una vez más el incremento de los ingresos de los gobiernos autonómicos a costa de nuestro sacrificio. El ITP no es más que una tasa completamente alejada de los intereses de los trabajadores, una injusticia que trae como consecuencia un nuevo impedimento para acceder a la vivienda al pueblo madrileño.”
Secretariado Político del PCPE Madrid
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